Muchas éramos las personas que esperábamos que el Tribunal de Derecho Humanos de Estrasburgo pusiera algo de luz y claridad en este asunto sobre el que se han dado tantas vueltas, al calor de tantos intereses, que ya habíamos perdido la perspectiva sobre la realidad.
Las voces que se alzaron en contra de la Ley de Partidos se han ido apagando paulatinamente, y lo que en un principio se miró con desconfianza y ciertas dudas sobre sus garantías, a día de hoy se aplaude y vitorea. La explicación más factible a esta progresiva asimilación de una ley tan difusa como efectista es la machacona cantinela con la que los medios de comunicación españoles han venido atosigando y aleccionando al conjunto de la ciudadanía. Medios de izquierdas, de derechas, afines al Gobierno, críticos con el Gobierno, económicos, políticos, generales… todos los han ido acercando la visión apocalíptica de qué es Batasuna y qué nos jugamos con su presencia.
Sólo desde un profundo desconocimiento de la sociedad vasco-navarra se puede apoyar una medida extremista, propia de países bananeros, como es la Ley de Partidos. Es un hecho el desconocimiento, la incomprensión y la falta de tacto que profiere el ciudadanos medio español hacia los asuntos internos vascos. Muy pocas personas dentro del conjunto de la ciudadanía vasca apoyan la Ley de Partidos. Y es curioso que los supuestos principales benficiarios de la Ley sean quienes más rechazo presentan a ella. Pero no es menos curioso el entusiasmo con que aplaude la sociedad española una medida que no ni les afecta ni les incumbe.
Tampoco deja de ser curioso que sean los partidos políticos vascos (PNV, Aralar, EA, Batzarre, Zutik), quienes a priori se perfilan como los principales beneficiarios del trasvase de votos de Batasuna, sean también los más firmes detractores de tan polémica ley. El caso más claro es el de Aralar, receptores directos del voto de Batasuna, quienes más ferozmente critican y se posicionan contra la Ley de Partidos.
Un factor muy peligroso que conlleva todo este asunto es la identificación de estas medidas, racionadoras de los derechos civiles de una parte de la sociedad vasca, con la “lucha antiterrorista”. La “lucha antiterrorista” no tendría que ver absolutamente nada con qué partido político se puede presentar en las próxima elecciones municipales o quién no. La lucha antiterrorista es esencialmente policial. Extralimitar los campos de actuación al terreno de educación, municipal, electoral, social o incluso mediático no puede sino agravar los ataques a unos derechos irrenunciables que se están secuestrando de ese porcentaje de votos radicales. Podemos llegar a extremos como el vivido en estos días en Pamplona, donde la alcaldesa se niega a dar espacios públicos a Gora Iruña!, un colectivo que se encarga de organizar las fiestas populares, hasta que no condene a ETA. La paranoia y la mangnificación de ETA es cada vez más descarada y patente.
El Tribunal de Derechos Humanos ha avalado al Gobierno español en su empeño por enterrar debajo de la alfombra a 200.000 personas.
Sin embargo tampoco deja de ser curiosa la predisposición del Tribunal a extralimitarse en sus funciones de aceptar o desestimar los cargos recogidos. El Gobierno español necesitaba un espaldarazo a sus políticas represivas que le ayudara a terminar de apuntalar en la opinión pública las magnificencias de la Ley de Partidos. No les valía con el clásico “Sí, pero…” o con una sentencia favorable con matices. Necesitaba no la razón, sino el apoyo.
El Tribunal de Derechos Humanos se ha deshecho en elogios. Ha ido, punto por punto, respaldando aspectos polémicos que el Gobierno español tenía en entredicho y sobre los que en principio no tenía por qué haberse pronunciado. Más que una sentencia de un tribunal independiente europeo parece otra tropelía nacida de las manos de Ferraz y Génova envuelta en palabrería legal. Incluso el lenguaje escogido es inexplicablemente similar al utilizado por los tribunales españoles, siempre a instancia de sus superiores en las citadas calles madrileñas. Una sintonía que huele a corrillo.
Llamar a la Ley de Partidos una “necesidad social imperiosa” es una majadería, una especie de continuación del “corazón y las entrañas” con que definían a las personas juzgadas en el Macrosumario 18/98 del que por cierto ahora se están desdiciendo.
Tambien sentencia que no ha estudiado las pruebas de la relación entre Batasuna y ETA porque no entraba en sus competencias pero se aventura a decir que los “probados vínculos con ETA pueden ser objetivamente considerados como una amenaza para la democracia”.
Sospechosamente, y sin que nadie le pregunte, también se pronuncia sobre las denuncias de imprecisión y arbitrariedad, aclarando que la Ley “define de manera precisa la organización y el funcionamiento de los partidos políticos y aquellos comportamientos que podrían provocar su disolución o suspensión judicial”. Esto viene a desdecir lo que otra organización, y admírese el matiz, independiente por los Derechos Humanos como Amnistía Internacional había denunciado.
Garantiza que “nunca se trataría de una aplicación retroactiva de la norma” dado que esto sería inconstitucional y además contrario a los derechos humanos, pero a la vez ratifica la ilegalización de Herri Batasuna, partido fundado en 1978 que dejó su actividad en 1998 y que se ilegalizó con una ley que data de 2003.
A todo esto añadimos que la noticia del fallo la distribuyeron varias agencias de información a instancias del Gobierno español mucho antes de la publicación oficial de las sentencias por parte del Tribunal, obligando al propio Tribunal a adelantar la publicación de las mismas, y que Rubalcaba conocía por lo menos una semana antes de antemano la postura que iba a adoptar.
En conclusión, demasiados dudas al respecto de un Tribunal del que se esperaba una mayor independencia y rigor. La sintonía que muestra en todo momento con la alta judicatura española no hace sino empañar la imagen de un tribunal que necesariamente debiera ser independiente e imparcial. Pero por lo visto, el miedo a un rapapolvos por parte de un Estado miembro de la Unión Europea ha podido más que la justicia.
Otra vez…