Escribe Félix Monteira, actual director de Público y barón mediático socialista, sobre la decisión de Estrasburgo y otras cuestiones en su artículo “ETA y la democracia con fronteras“:
El Tribunal de Estrasburgo respalda la Ley de Partidos de 1992 y convalida la ilegalización de Batasuna sancionada por el Supremo en 2004, luego confirmada por el Constitucional. La ilegalización de Batasuna, dice, era “una necesidad social imperiosa”, justificada en la seguridad pública y en “la protección de derechos y libertades”. Es decir, la libertad ideológica y el legítimo derecho a la conquista del poder tienen límites. Nadie puede perseguir esos objetivos con la merma de derechos de otros y mucho menos, como es el caso, con la intimidación, el terror y el atentado contra la vida.
Nos intenta vender la misma historia que nos han querido colar desde el PPSOE: que Batasuna pega tiros, extorsiona, secuestra e instala artefactos explosivos debajo de los coches. Que nadie puede buscar “objetivos con la merma de derechos de otros y mucho menos, como es el caso, con la intimidación, el terror y el atentado contra la vida” es una obviedad tan conocida que todos sabemos de sobra.
Que digo yo, ¿las leyes no eran suficientemente claras como para castigar la colaboración con una banda terrorista? Que yo sepa, se llamaba “colaboración con banda armada“. Y el apoyo mediático se llamaba “apología del terrorismo“. Y conseguir dinero o colaborar económicamente se llamaba “financiación con fines ilícitos“. Y conseguir apoyo logístico o medios materiales también se englobaba en la “colaboración con banda armada”. ¿Por qué ha habido que crear una ley nueva (Ley de Partidos), a medida de Batasuna, para castigar comportamientos que ya estaban anteriormente tipificados en el Código Penal?
Esta superioridad moral con la que se nos trata es vergonzosa. Parece que la alta judicatura tiene en su mano el tarro de las esencias de la moral y el orden. No nos rige sobre lo que hacemos, sino sobre qué debemos pensar y por qué. Y aquí es donde Félix Monteira se destapa.
No es la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decide la ilegalización de un partido político. Abundan las sentencias, pero el caso más sonado fue el dictado el 31 de julio de 2001, que refrendaba la disolución del Partido de la Prosperidad en Turquía. Esta formación islamista logró un 22% de los votos y llegó al poder en 1996 en coalición con otra fuerza de centro derecha.
Deben abundar las sentencias, pero los tertulianos sólo sacan a colación el ejemplo turco. Si sobran las sentencias similares, ¿por qué se cita la de un país como Turquía? ¿Por qué no se cita el ejemplo, casi paralelo, de la actitud de Reino Unido en Irlanda del Norte? Reino Unido es un país con una tradición democrática bastante más asentada, extensa y catedrática que la de Turquía, lo que pasa es que no conviene airear el hecho de que el sistema bicameral inglés nunca tuvo la menor intención de ilegalizar el Sinn Féin, brazo político declarado del IRA, pese a que los vínculos entre ambas organizaciones eran mucho más fuertes y evidentes. ¿Por qué? Porque mientras que unos pegaban tiros y ponían bombas, los otros pegaban carteles y daban mítines. Y no se puede juzgar a los dos con los pecados de uno. No se puede salvo en España, claro está, donde no afectan sólo a un partido, sino a cientos de organizaciones, colectivos y asociaciones, y a miles de personas relacionadas en segundos, terceros y hasta cuartos niveles de relación con los anteriores.
Otro ejemplo a sacar es la democracia holandesa. Pocos delitos son tan reprobables como la pedofilia. Y sin embargo, el denominado “partido pedófilo” holandés no pudo ser ilegalizado por la Justicia del país. ¿Por qué? Porque es la gente quien debe dar la espalda al polémico partido. La Justicia no puede erigirse en vigilante de la moralidad de las personas. Lo hace en países como Irán, Marruecos o la España de Franco, pero no en una democracia moderna.
El tribunal Constitucional de Turquía decidió suprimir el partido y transferir todos sus bienes al patrimonio público porque el presidente, Necmetin Erbakan, era contrario al principio de laicidad del Estado y pretendía imponer el velo y la enseñanza religiosa. Erbakan perdió el poder porque aspiraba a derribar algunos pilares de la sociedad turca, vigentes desde el general Ataturk. Hoy gobiernan el país, sin problemas constitucionales, los islamistas moderados.
Este es el quid de la cuestión. Si hace 30 años hubiéramos tenido la prepotencia y la superioridad moral que tenemos ahora, la derecha española hubiera ilegalizado a todos los partidos que propugnaban el divorcio, el aborto o incluso la homosexualidad. El secreto está en superponerse moralmente a quienes se quieren apartar de la vida pública y declararlos fuera de la legalidad con la excusa de que se están “defendiedo” los “pilares del Estado”. Elevar la moralidad circunstancial a la categoría de ley.
Esto ya se ha hecho antes en España. Y vemos que, tristemente, esto es casi una constante. La Inquisición, el bipartidismo de Cánovas, la “dictablanda” de Primo de Rivera, el franquismo… velaron por los “pilares del Estado”. Veo que no aprendemos de los errores, y seguimos empeñados en elevarnos por encima de los demás e imponer nuestra propia moralidad. Así nos va.
Por cierto, el “partido pedófilo” no llegó ni a reunir las 500 firmas que se solicitaban para inscribirse en el registro de partidos.