A raíz del anuncio de Zapatero de aumentar la carga fiscal en España se ha montado un revuelo de escándalo. Y no es que subir los impuestos sea impopular, sino que nadie entiende este giro del Gobierno en su percepción de los impuestos. Zapatero había dicho en 2005: “Queremos que los ciudadanos paguen menos impuestos, que tengan una buena sanidad pública y que consuman menos alcohol y tabaco. Y eso creo que es ser de izquierdas en el siglo XXI”.
Sinceramente, avísenme cuando se descubra un método mejor para la distribución de la riqueza. Esos impuestos, que los que no tienen no pagan y lo que más tienen (teóricamente) se hartan de pagar, son los que nos dotan a todos (ricos y pobres) de una Sanidad, de escuelas, institutos y universidades, de mejores carreteras, de ayudas a los que se han quedado en paro…
Pero todo esto debe ser de derechas, a juzgar por las palabras de Zapatero. O quizás la izquierda del siglo XXI se la derecha disfrazada de progresismo, en cuyo caso Zapatero estaría sibilinamente en lo cierto.
Sea como fuere, un brillantísimo y poco sospechoso de “popular” Juan Carlos Escudier nos deleitaba con un rapapolvos a Zapatero propio de la caverna, pero con argumentos.
Zapatero contraprogramó y encargó a Miguel Sebastián que alumbrara una idea para distribuir 5.000 millones entre los contribuyentes. Surgió así la devolución lineal de los 400 euros, que de justicia redistributiva tenía tanto como la ayuda directa de 2.500 euros por nacimiento, ya se tratara del hijo de Agamenón o el de su porquero, pero que se suponía de gran tirón electoral.
Sin tiempo apenas para reflexionar sobre el dislate, Zapatero cumplió con su promesa de eliminar el impuesto sobre el Patrimonio, un instrumento más censal que recaudatorio, con lo que, en un nuevo giro a la izquierda, se detrajeron otros 2.000 millones de euros para alivio de las clases más favorecidas.
En vez de ufanarse en recortar ingresos de manera absurda, de un Gobierno, ya sea de izquierdas o de derechas, cabe esperar alguna idea clara sobre lo que significan los impuestos, que no se crearon para arrancar un puñado de votos en unas elecciones sino para redistribuir la riqueza y corregir desigualdades, haciendo pagar más a los que más tienen de manera que se alleguen recursos bastantes con los que asistir a los más desfavorecidos, y para orientar la actividad económica, favoreciendo a los distintos sectores en función de su aportación a la riqueza colectiva.
Los impuestos, desde luego, tienen ideología. Pero, ante todo, exigen equidad. ¿Qué ha de pensar un ciudadano tras escuchar a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, afirmar que las Sicav de las grandes fortunas han de tener un trato fiscal de favor porque en caso contrario se corre el peligro de que coloquen su dinero en otros países? ¿Es de izquierdas permitir que estas sociedades de inversión queden fuera de la inspección de Hacienda -por ley están controladas por la CNMV- o que abiertamente se admita el fraude desde su propia constitución, para la que se requiere el concurso de inversores ficticios, es decir, testaferros, facilitados por los propios bancos? Y sobre todo, ¿alguien puede asegurar que el capital de estas sociedades se invierte en España y no en cualquier otro país? Tal vez sea propio de esta moderna izquierda consentir estos desafueros, pero el sentido común dicta que si una ley permite que un grupo de privilegiados eludan sus obligaciones tributarias habrá que cambiar la norma, y si existe el fraude habrá que perseguirlo por todos los medios.
Pero no se queda ahí el envite mediático al Gobierno, sino que El País, buque insignia del apoyo socialista, le dedica todo el pie de portada a presentar 5 artículo que ponen guapo al Ejecutivo. Bajo el título de “A la deriva” y una caricatura de Zapatero, el primer periódico español subtitula “España encara una recesión más larga que la del resto de Europa con un Gobierno errático en su política económica”. Ahí queda eso.
“La confusión del Ejecutivo crea desconfianza, que es lo último que necesitamos. El Gobierno está tomado por personajes que sólo piensan en los titulares de los periódicos del día después, que mandan más que el ministro de Hacienda. No se puede estar ofreciendo dinero todo el tiempo, porque no hay dinero. Es evidente que hay que evitar que los más golpeados por la crisis caigan en la marginalidad, pero que alguien me explique para qué quiere 2.500 euros la nieta de Botín si se queda embarazada”, señala en referencia al cheque-bebé el ex presidente socialista de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina. “Yo había oído decir a Zapatero que bajar impuestos es de izquierdas. ¿Y ahora subirlos qué es? A no ser que la definición correcta es para ser de izquierdas hay que estar de acuerdo con todo lo que se le ocurre a Zapatero y a sus colaboradores. Un poco de seriedad”, concluye el ex dirigente socialista.
En materia de impuestos, pesa la misma sensación de provisionalidad. El propio Zapatero ha vuelto a hacer gala de su devoción por lo críptico anunciando una subida de impuestos “limitada y temporal”. ¿Limitada a qué? ¿Con qué plazos? Nadie, ni el propio Gobierno, parece saberlo. La política fiscal del Ejecutivo, y más aún desde la salida de Pedro Solbes, emplea el método de la reducción al absurdo: un miembro del Gobierno o un dirigente del partido lanza una hipótesis en los medios de comunicación, comprueba su acogida, y si es mayoritariamente rechazada, se niega que se vaya a adoptar la medida. Los portavoces son varios y se contradicen entre ellos.
Ramón Muñoz y Luis Doncel en El País.