Colombia, como Dorian Grey, no quiere mirarse al espejo porque la lista de desaguisados que amojonan el segundo mandato presidencial, haría sonrojar hasta a un dictador. Enumerarlos es como una visita al museo de los horrores: más de medio centenar de diputados uribistas procesados o en la cárcel, la mayoría por conexiones con los paramilitares; espionaje telefónico del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) sobre todo el que se mueva; compra de votos a la vista del público para cambiar la Constitución; adjudicación de notarías a cambio de apoyo parlamentario; legitimación del transfuguismo masivo, como ocurrió en la aprobación de la ley del referéndum ya citado, sobre el que el Ejecutivo estudia la reforma del censo para que la cifra de siete millones y pico de votantes, mínimo exigible para que valga la consulta y que son la cuarta parte del electorado, quede en poco más de cuatro millones, con lo que a Uribe le bastarían dos para ser candidato; el caso más egregio de todos, los dos mil y pico falsos positivos -eufemismo por asesinato- de otros tantos campesinos perpetrados por el Ejército para hacerlos pasar por guerrilleros, sobre los que Uribe no reconoce responsabilidad ni conocimiento. Y la última bofetada, la certificación estadounidense de que Colombia coopera en la lucha contra la droga -especialmente, cediendo el uso de siete bases a Estados Unidos- cuyo texto está concebido en lenguaje de potencia protectora a tribu protegida. Washington afirma, entre otros descaros, que “facilitará el diálogo entre el Gobierno colombiano y los cuerpos sociales”, dando por sentado que Bogotá necesita que la estimulen. Y nadie protesta.
Pero esa letanía no parece contar para lo que se llama en Colombia opinión pública que, en realidad, se reduce a poco más de un tercio de 44 o 45 millones de habitantes, que son los que votan, los que tienen voz, y a los que el presidente tiene convencidos, seducidos, o simplemente, favorecidos por su mandato. Sobre esa base el uribismo gubernamental ha incluso teorizado. Esa masa constituye un Estado de Opinión, superior incluso al Estado de Derecho, y sobre el que voces áulicas se apoyan para decir que si el pueblo lo quiere no puede haber inconveniencia legal que se interponga.
M. Á. Bastenier, en El País
Curioso como a veces El País se saca la cabeza de sus posaderas y muestra a sus lectores algo más que la ecuación “Eje bolivariano = mal”.