La activista política norteamericana Susan George escribía en su libro “El pensamiento secuestrado” un interesantísimo análisis de los actuales medios, procedimientos y métodos utilizados por la derecha para establecer su visión de cómo ha de funcionar el sistema, un sistema (nuevo liberalismo capitalista) que ellos proponen en un mundo global.
Quizás esto pueda sonar estrafalario (“nuevo liberalismo capitalista”), pero detrás de las enrevesadas palabras y las etiquetas a gusto del escritor, hay toda una ideología y una forma de gobernar que nos afecta a todos. Y mucho.
Uno de los apartados en los que más se explaya es en tratar de explicar cuáles son las diferencias que los ciudadanos de a pie notamos en primera instancia a través de dos sistemas, no diametralmente opuestos, pero sí muy distantes entre sí.
Por un lado tenemos la visión del conservadurismo norteamericano exportado a todo el mundo, quien viene predicando las bondades del libre mercado prácticamente desde su fundación. Estas personas proponen que la libre circulación de capitales sea un derecho básico y universal, dejando que sea el mercado quien racione el bienestar entre sus ciudadanos.
Por otro lado tenemos la visión de los grupos de izquierda, herederos de las luchas sindicales de los siglos XIX y XX, que opinan que el mercado no es justo repatiendo la riqueza y que crea una situación donde el el pez grande se come al más pequeño. Así, consideran que debe ser el Estado quien regule el bienestar de sus ciudadanos por encima de la ley de la oferta y la demanda.
Susan George sostiene que, como los derechos universales, los derechos de los ciudadanos dentro de un Estado deberían clasificarse en dos: derechos positivos y derechos negativos.
En un hipotético país regido a rajatabla por las teorías de la derecha, todo el mundo tiene ciertos derechos siempre y cuando no haya una ley que determine explícitamente lo contrario. Así, cualquier ciudadano tiene derecho a una cobertura sanitaria, dado que no está prohibído. Sin embargo, que no esté prohibído no significa que todos sus ciudadanos puedan acceder a ello. De hecho, en EEUU hay casi 50 millones de personas no tiene cobertura sanitaria. ¿Por qué no la tienen, si es un derecho? Puedo asegurar que no es por falta de voluntad para ello, sino porque es un derecho negativo. Esto es, “puedes tenerlo, pero nadie se va a preocupar de que lo tengas”. Que “tengas la posibilidad” no te garantiza que, de hecho, lo tengas. En un sistema regido por el libre mercado, sólo se tendría derecho en caso de la capacidad económica así lo permitiese. Y esto teniendo en cuenta que el precio del derecho lo establecería el mercado, pudiendo dispararse a merced de la ley de la oferta y la demanda.
Visto así, puede parecer un sistema sumamente egoísta.
Por el contrario, la mayor parte de los países europeos cuentan con un sistema público de sanidad. En las distintas constituciones, los países otorgan a sus ciudadanos el derecho a recibir asistencia sanitaria, pero no se limitan a dejarlo plasmado en papel, sino que establecen los medios y los recursos necesarios para que este derecho sea efectivo. Por ello, es un derecho positivo.
El caso de la asistencia médica es muy importante, pero no único. El derecho a una educación, a todos los niveles, de calidad debería ser también un derecho positivo, no algo en función de los ingresos de una familia. Como también lo es el derecho a una jubilación digna. O el acceso a una vivienda.
La derecha propone un sistema egoísta, donde las personas con mayores ingresos pueden disfrutar de todos sus derechos, mientras que las personas menos afortunadas tienen esos mismos derechos supeditados a su capacidad para pagarlos. Donde, además, la distancia que separa a las primeras de las segundas es cada vez mayor, dados los vicios del propio sistema.
¿Es esto lo que queremos para nuestra sociedad? No nos engañemos, este es el sistema que quieren imponer las clases más pudientes, que son quienes más tienen que ganar con él: disfrutan de todos los derechos, mantienen su estatus de clase alta y encima no tienen que pagar los derechos del resto de ciudadanos.
¿Hasta qué punto las personas perdemos la conciencia de lo que somos y nos dejamos engañar?