El trajín que se traen los medios de comunicación españoles con los países gobernados por líderes socialistas en Sudamérica daría para escribir varios libros. Pocas son las semanas que no nos castigan con tendenciosas noticias que, recortando de aquí o poniendo de allá, intentan mover el centro de gravedad de la opinión pública con respecto a estos países. Es de justicia señalar que muchas veces, tal vez más de las que debería, estos líderes dan motivos más que sobrados para que se les difamen. En especial Hugo Chávez, ese líder amado y odiado a partes iguales, cuya lengua sin freno y su caracter personalista hacen un flaco favor a su causa.
Las hostilidades hacia Venzuela son, sin embargo, un tema cuya trascendencia no se limita a la fricción ideológica entre medios y gobierno a ambos lados del Atlántico. Existe una verdadera campaña de desprestigio y demonización del presidente electo venezolano. No sería de extrañar que, siguiendo las consignas que se lanzan semanalmente sobre Chávez, el grueso de la población española piense que se trata de un dictador bananero, en vez de un presidente doblemente elegido democráticamente por su pueblo y ratificado en referéndum.
Estos medios son los culpables de juzgar, sentenciar y condenar a Hugo Chávez con un tema de verdadero calado entre la opinión pública española: ETA. El chispazo inicial lo ha dado el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que ha hecho una mención a las relaciones entre las FARC y ETA, y entre Chávez y las FARC.
¿No habría que esperar a ver alguna sentencia? ¡No, hombre! Basta con la sentencia emitida por los medios. “Chávez facilitó la alianza de ETA con las FARC para atentar contra Uribe“, titula ABC a toda portada. “La Justicia y la Policía revelan que Chávez y ETA ‘cooperan‘“, sentencia El Mundo.
Por si a alguien se le olvidaba, vivimos en el país del “entorno del entorno”, un lugar donde cualquier vínculo, por ridículo que sea, puede probar cualquier barbaridad jurídica que se nos pudiese ocurrir. En este caso, estaríamos asistiendo al intento de la prensa española de incluir a un líder internacional sudamericano como parte del “entorno” de ETA. ¿Surrealista? No lo crea. Mayores disparates se han visto en ese tribunal de excepción rebautizado como Audiencia Nacional, convertido en este caso en un apéndice más de la causa española.
¿Las pruebas? Un cargo del Ministerio de Agricultura de Venezuela está implicado en un presunto delito de colaboración con ETA.
Veamos primero las omisiones de la resolución judicial. El auto de Eloy Velasco en ningún momento hace referencia a que el procesado Arturo Cubillas reside legalmente en Venezuela desde el mes de mayo de 1989 como producto de los acuerdos entonces alcanzados por los presidentes Carlos Andrés Pérez y Felipe González. Mientras que el juez, como advierte la nota de prensa de la Embajada Venezolana en Madrid, se toma la molestia de referirse reiteradamente y de manera irrespetuosa al Presidente de los venezolanos, Hugo Chávez, haciendo señalamientos tan tendenciosos como infundados acerca del actual gobierno bolivariano.
El juez español también debería reseñar que prácticamente todos los hechos contenidos en la resolución judicial son producto de la utilización de archivos contenidos en el computador de Raúl Reyes, cuya eficacia probatoria es mucho más que dudosa por haber sido manipulados por el ejercito colombiano. Siendo archivos manipulados y obtenidos con violación del derecho internacional, ningún tribunal imparcial podrá tenerlos en cuenta para dictar una sentencia condenatoria, aun tratándose de delitos de “terrorismo”.
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El sinsentido no sólo es jurídico, sino también procesal. Nadie puede explicar cómo en un auto de procesamiento en el que se atribuyen presuntos delitos a los procesados, el magistrado da por probados los hechos y, basándose en suposiciones, se inmiscuye en las relaciones diplomáticas entre diferentes Estados. Pero lo más grave es que estamos hablando de un sumario que por ley es secreto, como hasta los legos en derecho saben. Sin embargo, nada más dictarse se entregaron copias a los periodistas para que lo difundieran de inmediato. Todo esto hace pensar que, más que ante una resolución judicial, nos encontramos con un documento pensado por y para la prensa, la cual ávidamente se ha hecho eco.
Carlos Martínez, en Rebelión