En verde, quienes mayoritariamente optan por conservar su derecho a voto. En rojo quienes se decantan por sacrificar el derecho a voto siempre y cuando se siga manteniendo su derecho a poseer armas de fuego. Dado que nada es blanco ni negro (ni rojo ni verde, en este caso), el gráfico refleja perfectamente los matices de la población dentro de los diferentes Estados dentro de la unión.

Llegados a este punto, siempre me ronda la misma pregunta por la cabeza, ¿hasta qué punto se puede dejar que la toma de decisiones recaiga sobre las masas populares? Es una pregunta ciertamente incómoda.

Partimos de la base de que el poder supremo emana del pueblo. El pueblo es quien otorga, democracia mediante, el poder a un reducido grupo de ciudadanos para que se encarguen de la organización y la gestión del Estado. Sin embargo, una vez elegidos los representantes, pocas veces son las que el pueblo se pronuncia sobre las decisiones tomadas por sus gobernantes. En España, su aprobación se pide en contadísimas ocasiones, casi siempre limitadas a asuntos de auténtica trascendencia.

En 2008, California (EEUU) acudía a las urnas. Una de las proposiciones que se votaban era la llamada “Proposición 8“, mediante la cual los grupos anti-derechos de los homosexuales querían enmendar la Constitución para ilegalizar el matrimonio homosexual. Tras una agresiva campaña, y por escaso margen, ganó el “sí” a prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué legitimidad tiene un ciudadano ignorante o escasamente informado sobre un determinado tema para decidir en asuntos que afectan a terceras personas?

En España, y no es el único sítio, existe un mal endémico: la facilidad con la que se manipula a las grandes masas. Los medios de comunicación se aprovechan de la maleabilidad de la opinión pública para marcar la agenda política. Es fácil magnificar ciertos problemas, o minimizar otros; asignar una importancia desmedida a cuestiones intrascendentes que, sin embargo, hacen que se modifiquen leyes o se tomen medidas innecesarias gracias a la alarma social creada interesadamente.

Visto así podemos concluir que darle poder en la toma de decisiones al pueblo es dárselo en gran medida a los medios de comunicación, siempre a sueldo de determinados grupos políticos, polarizados alrededor de los dos partidos mayoritarios.

Visto esto, ¿hasta qué punto se debe quitar poder de decisión al pueblo para protegerlo de él mismo? ¿dónde está la estrecha línea que separa esto de una dictadura? Es muy difícil de separar, y todavía con más razón viendo gráficos como el que encabeza este artículo.

Esto daría para pensar muchas cosas, pero sin embargo, lo que más me llama la atención, es el grado de exaltación y violencia que ha alcanzado su discurso catastrofista y apocalíptico. Sé que tienen que hacer justicia a su nombre, “conservadores”, y oponerse a cualquier cambio que pueda producirse, pero tengo la sospecha de que sus intenciones van mucho más allá del simpre conservadurismo recalcitrante.

Lo primero que habríamos de pensar es en la necesidad ineludible que tiene cualquier país por poseer un sistema de atención médica a sus ciudadanos. Que este sistema funcione de una manera u otra depende del gobierno de turno, elegido democráticamente por sus ciudadanos. En EEUU, la asistencia médica es casi completamente privada. Recae sobre las aseguradoras y otras empresas especializadas en la atención médica.

Conviene recordar que una empresa privada en un sistema de mercado sólo tiene una misión fundacional: ganar dinero. La maximización de beneficios es la Biblia de la economía capitalista que actualmente rige la mayor parte del planeta. Así pues, cualquier acción, política o estrategia a largo o corto plazo que emprenda una empresa privada será en pos de generar los máximos beneficios posibles. Por ejemplo, verter residuos tóxicos a los ríos no es éticamente aceptable, sin embargo cientos de empresa en España hacen cuentas para  comprobar que les sale más rentable pagar las multas medioambientales que montar un sistema de gestión de sus residuos. ¿El resultado? El esperado: la ética no es económicamente contable, por lo que no tiene el menor peso en la toma de decisiones empresariales.

Una aseguradora también tiene un objetivo único: generar los máximos ingresos posibles. La atención que brinda a sus asegurados se ve supeditada a la forma en que genere el mayor beneficio posible. Si una aseguradora da un buen trato a sus clientes no es por filantropía o por sentido de la honradez, sino porque así maximizará su ingresos. En caso de que hubiera una forma distinta de aumentar estos beneficios, el buen o el mal trato otorgados a sus pacientes comenzaría a ser un objetivo secundario.

El caso de la Comunidad de Madrid es muy ilustrativo. Esperanza Aguirre, como gran liberal que se precia de serlo, emprendió una campaña de privatización paulatina de la Sanidad madrileña, pasándose de momento al temible “modelo mixto”. La Comunidad de Madrid “contrata” a un hospital privado que se encarga de atender a un número determinado de ciudadanos a cambio de un precio cerrado por persona y año. Pensemos que paga aproximadamente 300 euros al año por cada uno de los 300.000 pacientes adscritos a ese centro sanitario. La diferencia entre los recursos empleados y lo ingresado por los pagos de la Comunidad de Madrid es el beneficio que obtiene ese hospital. Dado que ese hospital ha sido edificado, financiado y manejado por un capital privado, sus accionistas (o dirigentes) lo que quieren es ver rentabilizada al máximo su inversión. Las consecuencias son las esperadas: reducción de las plantillas al mínimo posible, atención lo más breve posible en las consultas, elección de los procesos más baratos en lugar de los más apropiados, hacinamiento de los pacientes para mantener su productividad, recortes de recursos y gastos en su máximo exponente…

Con todo esto quiero decir una cosa: es un error de planteamiento muy grave el dejar la Sanidad en manos de empresas privadas, dejando que sea la codicia en vez de la buena voluntad quien provea la atención sanitaria a los ciudadanos.

EEUU no ha podido resistirse a dejar sin tocar ese trozo de pastel que era el sanitario, un sector de mercado demasiado explotable económicamente como para que se quedara sin aprovechar por la economía norteamericana, pese a que esto fuera claramente contra los intereses del pueblo y dejara miles de vidas por el camino. Gracias a esta supeditación de la vida humana al todopoderoso dólar, cada año mueren miles de ciudadanos norteamericanos a causa de enfermedades completamente evitables, a causa de negar tratamientos que podían salvar la vida de muchas personas por no ser económicamente rentables, y a causa de privar de pólizas a ciudadanos con enfermedades crónicas o “potenciales” enfermos que no pueden soportar las enormes cantidades de dinero que se les exige dado su factor de riesgo.

Además, el 60% de las bancarrotas en EEUU provienen de personas que no pueden afrontar los pagos de sus facturas médicas.

Hay un modelo completamente opuesto y probadamente funcional en Europa: la sanidad pública. Una sanidad a cargo del Estado que se encarga de proporcionar toda la atención médica posible a todos sus ciudadanos sin excepción. Este modelo de sanidad no duda en emplear los métodos más apropiados en cada caso, sin importar los costes o la rentabilidad de los mismos, simplemente guiándose por un único objetivo prioritario: ofrecer la mejor asistencia posible a sus ciudadanos. No hay maximización de los beneficios, no hay balances anuales, no hay “malos clientes” ni “buenos clientes”… hay salud universal, por todos y para todos.

Los opositores al sistema de sanidad universal en EEUU sólo se mueven por una cosa: el egoísmo. La ley del salvaje oeste aplicada a los modernos tiempos capitalistas, donde no hay revólveres sino billeteras, donde en teoría cualquiera puede cumplir el sueño americano pero sin embargo son miles los que se agolpan en contenedores y callejones, donde la avaricia de unos pocos embarga los destinos de la inmensa mayoría.

El camino no es fácil, pero merece la pena.

Más de 47 millones de norteamericanos vive sin seguro médico. A estos se suman 14.000 cada día. Sin embargo, 1 de cada 6 dólares que consume Estados Unidos lo hace en gastos médicos. El 62 por ciento de las familias que se declaran en bancarrota lo hacen arrastradas por facturas médicas. El coste de un parto roza los 10.000 dólares. Y el de una analítica completa, los 700.

Esto se traduce en la costumbre de ver por la calle a gente que va al trabajo en condiciones en las que en España les darían la baja. Pocos van en muletas si necesitan una escayola en una pierna. Si tienen un brazo escayolado, trabajan con el otro. Si se quedan en casa, trabajan desde casa. Si tienes gripe o fiebre, lo normal es mandar un email al jefe dando cuenta de la temperatura exacta. Todo por no perder el trabajo. Ni el seguro médico. Pero, ante una situación así, ¿por qué los americanos son tan contrarios a una cobertura médica universal?

Cristina F. Pereda, en Soitu

Pero lo de Kosovo, país fundador de la Yugoslavia antigua, pequeño, sin apenas recursos desarrollados, escaso de formación no sólo técnico-científica sino incluso primaria, resultaba un ejemplo demasiado hiriente: Euskadi reúne condiciones infinitamente más favorables para aspirar a una independencia serena, escasamente conflictiva y ya harmonizada con la UE. Otra cosa es que su población la desee de modo mayoritario.

Incluso cuando finge que hace política exterior, Zapatero hace política interior. ¿Que va a llevar más tropas para Afganistán? ¿A Líbano? Puede hacerlo para congraciarse con los EEUU, que jamás han hecho nada para congraciarse con nadie: ellos primero bombardean y luego preguntan. Y al que le guste bien, y al que no, peor para él. También hacen política interior con su política exterior. En cierto modo, empezamos a ser de la misma camada.

Javier Ortiz, en Público

Esa es la noticia. No hay más que ver, circulen. Salvo que quieran interpretar que esto no es sino otra salida de tono del parlanchín presidente venezolano. Así lo indican todos los titulares.

“Ahora me va a acusar a mí Obama de que yo exporto terrorismo. Al menos uno pudiera decir, ‘pobre ignorante,’ que estudie, que lea un poco, para que aprenda… la realidad de América Latina”.

Lo curioso del caso es el tratamiento de los medios a las declaraciones de uno y otro mandatario. Mucho he tenido que indagar en la red para encontrar algo de información sobre lo que realmente dijo Barack Obama. He podido encontrar una pequeña reseña en el británico The Guardian.

Obama started off with an unprovoked verbal assault on Venezuela. In an interview broadcast by the Spanish-language television station Univision on the Sunday before his inauguration, he accused Hugo Chávez of having “impeded progress in the region” and “exporting terrorist activities”.

These remarks were unusually hostile and threatening even by the previous administration’s standards. They are also untrue and diametrically opposed to the way the rest of the region sees Venezuela. The charge that Venezuela is “exporting terrorism” would not pass the laugh test among almost any government in Latin America.

Entonces la lección que hoy aprendemos es la siguiente: si Obama acusa a Chávez de exportar el terrorismo y de impedir el progreso en la región, eso no es noticia.

Ahora, si el agredido presidente venezolano llama “ignorante” al primero, es que es un bárbaro, un bocazas y un irreverente.

Creo que “ignorante” es lo mínimo que podía llamar Chávez a Obama en este caso. ¿Cómo el presidente de Estados Unidos puede acusar a otro gobierno de terrorista con ese descaro y esa falta de vergüenza (y de pruebas)? ¿Cómo es posible que nos tengamos que enterar de las palabras de Obama así? ¿Dónde está la indignación, la condena y el rechazo de los medios a las palabras de Barack Obama?

¡Viva la asimetría mediática!