Quizás haría bien la señora Casas en no trasladar responsabilidades a entes difusos y abstractos y en su lugar hacer un poco de autocrítica, un ejercicio casi siempre sano y saludable, sobre qué ha podido hacer el alto Tribunal para estar en el ojo del huracán a día de hoy.

Quizás la señora Casas podría empezar por explicar a la ciudadanía que el órgano de gobierno de la Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), está compuesto por 20 personas puestas a dedo por los partidos políticos. Concretamente 9 han sido escogidas por el PSOE, otras 9 por el PP, 1 por CiU y 1 por el PNV.

Del mismo modo, el propio Tribunal Constitucional también tiene sistemas de elección digital, dándose además otra curiosa circunstancia: cinco de los doce magistrados concluyeron su mandato en 2007 (entre ellos, la propia Emilia Casas), pero la falta de acuerdo entre PP y PSOE imposibilita que se renueven los asientos. ¿Qué lógica tiene esto en un sistema donde se da por sentada la separación de poderes?

Hace tiempo que la batalla política se libra en frentes que distan mucho de las urnas y las Cortes. Muchos de estos frentes los damos por sentados, en incluso los justificamos, como los medios de comunicación o la utilización de víctimas tanto del terrorismo como del franquismo, sin embargo esta lucha de poder está alcanzando sectores cada vez más variopintos, incluyendo el control de las cajas de ahorros o los puestos en cargos europeos. Uno de los nuevos frentes abiertos es el de la Justicia, con el consecuente resentimiento del funcionamiento de ésta.

Hace ya tiempo que la Justicia se ha convertido en una suerte de “tercera cámara”, tras el Congreso y el Senado, donde PP y PSOE luchan encarnizadamente para sentar a magistrados afines que puedan apoyar sus causas o torpedear las ajenas.

Sólo hay que ver el circo que se ha montado alrededor del Estatut de Catalunya, el uso partidista que se está haciendo de él y el impresentable papel de justicia interesada y al servicio de sus jerifaltes que está desempeñando el Tribunal Constitucional. En estas circunstancias, ¿qué pretende la señora Casas? ¿Que debemos tolerarle que haya permitido que el Tribunal que preside se haya convertido en un órgano al servicio de los intereses de Ferraz y Génova?

Que la justicia en España malfunciona es algo que no se le escapa a nadie. De unos años a esta parte, esta Justicia se ha convertido en un circo donde el número de pistas no ha hecho más que crecer, siempre en base a las necesidades del momento. Y no se engañe, señora Casas. La “intolerable campaña de desprestigio” la han empezado ustedes mismos. Ustedes son los principales responsables de que la Justicia se haya convertido en un circo en el que cada vez menos gente cree.

No creo en redenciones milagrosas, ni en los poderes místicos del agua del Jordán, así que me pregunto, cada vez con mayor inusitada frecuencia, por qué se empecina la izquierda en olvidarse de los puntos más oscuros de su nuevo estandarte por las libertades, que por cierto son muchos y muy extendidos.

Pocas personas no conocerán de primera mano alguna de las peripecias del magistrado que se han venido registrando en los periódicos desde que su ego cogió las riendas de su carrera dentro de la Justicia. Prácticamente todos los años se ha podido seguir alguna de sus mediáticas persecuciones judiciales dentro y fuera de España.

Lo que ya no es de conocimiento tan general es que Baltasar Garzón se presentó en 1992 a las elecciones generales como parte integrante de la lista electoral del PSOE de Felipe González. En un país donde teóricamente están garantizadas la separación de poderes y la libertad política, esto no debería ser un problema. Sin embargo Garzón apuntaba alto, no se conformaba con ser un “diputado raso”: quería ser Ministro de Justicia, cartera que finalmente recayó en Juan Alberto Belloch. Despechado, Garzón abandonó su acta como parlamentario y al poco comenzó a instruir una causa que a la postre acabaría con el gobierno de Gonzáles: el caso GAL.

¡La Audiencia Nacional! Ese tribunal de excepción que cuenta con un poder ilimitado en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué peor combinación puede haber que un poder desmedido y un juez estrella? Garzón pronto encontró en la Audiencia Nacional una platea perfecta para sus piruetas y sus tirabuzones. Los casos de narcotráfico y las pequeñas escaramuzas callejeras no eran suficiente reclamo para un juez llamado a coronar las primeras portadas de los periódicos, así que se decidió por empezar a lo grande: quiso convertirse en el justiciero internacional.

El caso que le dio a conocer de forma internacional fue la orden de detención internacional que emitió contra el anciano y retirado dictador fascista chileno Augusto Pinochet. Pese a lo acertado que hubiera sido juzgar a Pinochet, lo cierto es que Garzón sabía de primera mano que no tenía ninguna posibilidad de hacerlo. Como tampoco la tenía de hacer lo propio con el ganador del Nobel de la Paz más hipócrita (y de esto vamos sobrados) de la Historia: Henry Kissinger. Finalmente, y como era previsible, no fueron juzgados ni uno ni otro, pero para entonces Garzón ya tenía lo que quería: su nombre en luces de neón.

A principios de la década que daba comienzo en el año 2000, España se convirtió, bajo la batuta de un mezquino José María Aznar, a la nueva religión pregonada desde los EE.UU. de George W. Bush: la lucha contra el terrorismo. Toda la batería mediática del Gobierno y de sus acólitos, que no eran pocos, se dedicaron a bombardear a la ciudadanía con machacona insistencia para magnificar la amenaza terrorisa. En poco tiempo, el terrorismo se convirtió en la principal causa de preocupación de la ciudadanía, y Garzón aprovechó la conyuntura para erigirse en adalid de la nueva moda. A las decisiones surrealistas (como emitir un orden de busca y captura contra Osama Bin Laden) se sumó su particular lucha contra ETA.

Garzón empezó una campaña de acoso contra el mundo abertzale. Entre los miles de afectados por sus decisiones arbitrarias e infundadas, se puede destacar a AEK, la escuela de euskera, y a Euskaria, un coro musical, ambos acusados de pertenencia a banda armada. También fue el instructor que abrió el sumario contra Egunkaria, y quien ordenó el hoy tan criticado cierre cautelar. Esto ya lo había hecho antes: el diario de la izquierda abertzale Egin también fue víctima de los impulsos del juez estrella, haciendo cesar cualquier actividad del grupo propietario Orain. Once años después (en 2009) la Audiencia Nacional desestimó todos los cargos contra Egin, pero para entonces el grupo ya había caído en bancarrota.

El precursor de la teoría del “entorno del entorno” cargó también contra las herriko tabernas, causa que todavía hoy sigue abierta, a las que a muchas de ellas obligó a cerrar de forma cautelar, o asumió su gestión por la fuerza. También dirigió el proceso contra KAS, XAKI y EKIN. Entre otro de sus logros está el de darle forma judicial a la mística unión entre Batasuna y ETA, y suspender las actividades de la primera en virtud de los delitos de la segunda.

Pasada la euforia de la lucha contra el terrorismo, Garzón se apuntó a la moda que parecía advenirse al abrigo de la nueva ley de Memoria Histórica. Aquí creo necesario aclarar mi postura para evitar malentendidos. Creo que en este país no ha habido un verdader transición a la democracia. Los muertos y los años de sufrimiento que provocó el fascismo no han sido restituidos, ni mucho menos tratados con el debido respeto y dignidad que se merecen. La Ley de Amnistía de 1977 es un vergüenza nacional que debiera derogarse como ya se han derogado las polémicas leyes argentinas de Punto Final y Obediencia Debida, criticadas internacionalmente incluso por España en un ejerecicio de hipocresía sublime.

Pese a lo noble de la lucha contra los responsables del franquismo, la acusación del sindicato faccio Manos Limpias y sus menos comedidos compañeros de andanzas e ideología, la Falange, tiene razón en reclamar una cosa: si Garzón rechazó una acusación contra Santiago Carrillo por los incidentes acaecidos en Paracuellos del Jarama durante la Guerra Civil en virtud de la Ley de Amnistía, no puede saltársela después para juzgar a los responsables del franquismo por un delito similar. Ambos son presuntos delitos de lesa humanidad. Eso tiene un nombre, y es prevaricación. [*]

Lo más triste de todo es que un juez prepotente, egoísta, parcial, interesado, deficiente y prevaricador sólo pueda ser frenado por el único sector que tiene poder e influencia para hacerlo: los herederos del franquismo. Garzón ha cometido el pecado de adentrarse en un terreno prohido, vetado convenientemente por la Constitución (sin pecado concebida), utilizada ahora como pala para echar más tierra encima a los años negros de Franco. Para pasar página hay que haberla leído antes.

El apoyo a Garzón por parte de la izquierda debería ser con reservas, o por lo menos con menos entusiasmo, dado lo claroscuro de su figura.

[*] Actualización 23-04-2010:
Leo en Escolar.net que esto es una media verdad. Según explica en este artículo, Garzón archivó una causa contra Carrillo, pero el citar la Ley de Amnistía es obra del fiscal del caso. Juzguen ustedes.

Hoy la plana mayor de los rotativos recoge la noticia. Esto ya es algo. Sin embargo, creo que es una cuchilla de doble filo que me gustaría señalar antes de que nadie se corte.

El “caso Egunkaria” ha sido el caso más claro, extravagante y sorprendente de la “guerra sucia legal” que se ha emprendido contra ETA y contra lo que no es ETA, pero desde luego no es el único. El “caso Egunkaria” es la punta del iceberg de toda esta lucha jurídico-legal contra ETA que ha cogido como rehenes a los Derechos Humanos de miles de ciudadanos vascos.

Que se haya hecho justicia en este caso no quiere decir que la Justicia española empiece a ser garante. No podemos dejarnos caer en la propia indulgencia y en la satisfacción infundada de que todo funciona bien. El caso del rotativo vasco ha sido el más flagrante pero, repito, no es el único. Debajo de las alfombras todavía quedan muchísimo atropellos judiciales que no han salido a la luz. El siguiente caso que debería de revisarse sería el Macrosumario 18/98, donde se ha condenado indiscriminadamente a decenas de personas, incluso condenando a penas de cárcel a miembros de la organización pacifista Joxemi Zumalabe, que afirma condenar la violencia de ETA.

A los largo de 7 largos años, todo este proceso contra Egunkaria ha sacado lo peor de la Justicia española. Se han vulnerado hasta los Derechos más básicos de los acusados: se ha quebrado la libertad de expresión, la presunción de inocencia y hasta la integridad física de los mismos. Sobre esto último podemos ver el vídeo de la declaración de Martxelo Otamendi, donde describe las torturas recibidas por parte de la Guardia Civil. Hasta ahora, los cuerpos de seguridad se escudaban en que la denuncia de torturas era una práctica sistemática de manual de ETA. Sin embargo, ahora que se ha demostrado que no pertenecen a ETA, ¿se pueden seguir escudando en la misma excusa?

No creo que sea momento de celebraciones, sobre todo después de haber visto de primera mano las vergüenzas de las alcantarillas del inmaculado “Estado de derecho” que se nos quiere vender.

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Más info:

¿Qué penas han cumplido ya lo acusados del caso Egunkaria?

Hemeroteca sobre quién dijo qué (gracias, ilhun – urdin -irdun)

Vídeo con los abucheos proferidos contra Fermín Muguruza por apoyar a Egunkaria en 2003

Todo sobre el caso Egunkaria, en la página de Javier Ortiz

Salen a la calle los dirigentes de Batasuna Joseba Permach, Joseba Alvarez y Juan Cruz Aldasoro. No es que sea demasiado trascendente que entren o salgan de la cárcel miembros de formaciones políticas, que viene siendo cada vez más a menudo, pero lo que sí es trascente es saber que estos tres individuos fueron detenidos en octubre de 2007 y que todavía no tienen ninguna sentecia judicial porque no han sido llevados a juicio.

Sí, eso se puede hacer en este país. Se detiene a una persona, se mete “preventivamente” en la cárcel de forma indefinida, y se suelta tres años y seis meses después sin haber celebrado si quiera el juicio. Tranquilos, todavía podían haber esperado seis meses más, que es el máximo que puede estar una persona encarcelada sin juicio.

Por un lado me molesta la tremenda malfunción del sistema penal español, que permite una aberración como esta. Y por otro lado me molesta el silencio mediático que se hace alrededor de estas injusticias.

Pocas veces se oirá en la conversación española una discusión sobre la conveniencia o no de poder mantener a personas hasta cuatro años en prisión sin juicio. Y no es por maldad, sino por puro desconocimiento. Por la complicidad o la cobardía de unos medios de comunicación que son capacer de mover las iras del ciudadano a placer sólo en el caso de que les interese.

“Ya hemos dicho que de este delito resulta ser autor material [Arnaldo Otegi], y ahora nos corresponde exponer aquí el material probatorio, merced al cual este Tribunal llegó a semejantes conclusiones, sin albergar el más mínimo resquicio de duda alguna.”

“De manera absolutamente impropia y manifiestamente falsa estableción una comparación entre NELSON MANDELA, -auténtico héroe que permaneció en prisión por motivos ideológicos, excusivamente por eso, pero jamás utilizó la violencia, ni la apoyó en “pos” de conseguir la supresión del apartheid en Sudáfrica-; y el condenado José Mª. Sagurduy [...]”

“Nelson Mandela fue un preso político, mientras Sagarduy es un condenado por los gravísimos delitos descritos de carácter terrorista. ¿Qué tiene que ver el uno con el otro? Nada, absolutamente nada.”

“Y es que, con machacona insistencia, a los presos y condenados vinculados con la organización terrorista E.T.A.,  y propiciado por dicha organización, en el mundo abertzale se les llama “presos políticos”, incurriendo así en un “craso error conceptual”, pues con tales términos se denominan a las personas privadas de libertad, en calidad de presos o condenados por su ideario político y de esas no existe ni una sola interna en los establecimientos penitenciarios de nuestro país, ni una”

“Fue precisamente cuando finalizaba su actuación, el momento en que este acusado perpetró el delito de enaltecimiento del terrorismo [...] “SE LO DEBEMOS A LOS PRESOS POLÍTICOS VASCOS, REFUGIADOS Y TANTOS CAMARADAS QUE HEMOS DEJADO EN LA LUCHA Y LO CONSEGUIREMOS (…)”"

“Omitiendo desde este momento más comentarios acerca de la tan errónea como interesada utilización de los términos “presos políticos vascos”, de la que, naturalmente, son sistemáticamente excluidas las personas vascas acusadas o condenadas por delitos ajenos a los relativos de terrorismo, porque a estos los llaman “presos sociales”“.

Sentencia 13/2010 de la Audiencia Nacional, que condena a Arnaldo Otegi a dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo.

Las consideraciones personales, los juicios de valor, el desparpajo generalizado y la atrevida lección de historia sobre Nelson Mandela vienen “de serie” en este esperpento jurídico. De juezas cheli, sumarios cheli.

Que la abogada pida permiso para que el acusado pueda beber agua, pues se lo estaban impidiendo sus policías custodios, y se desplante con un “por mí como si toma vino”, es más propio de una burda tertuliana de Tele5 o de el borachín del bar de abajo, que de una juez ejerciendo sus funciones. No, señora Murillo, debe usted saber que el acusado está obligado a pedirle permiso a usted para beber agua, el acusado y toda la sala depende de usted, porque es usted la autoridad única y suprema en ese recinto. A usted le concierne, le incumbe, y está obligada a dar respuesta correcta a cualquier petición que se haga en la sala. Así que no puede hacer usted como si la petición no va con usted. Diga un sí, un no, o un “dentro de un rato”, o “se suspende por 5 minutos la sesión”, o algo que conste en el deredcho procesal, pero no un “por mí como si bebe vino”. Le diré por qué, ya que usted no sabe comportarse. Porque si usted dice en la sala “Se suspende la sesión por necesidad de cambio de vestuario” porque a usted se le ha roto la toga, y el acusado o un abogado le salta “por mí como si se va a mear” o “por mí como si se cambia la braga”, o cualquier bobada parecida a lo que usted, en puro estilo chabacano soltó, seguramente usted habría abierto una causa por desacato al abogado o al acusado.

Tirita, en Pasando de esta línea…

Interesante el apunte que hace en referencia a la labor de esta misma magistrada en relación con el macrosumario 18/98:

Cuando a otro grupo de vascos (contra quienes parece que usted tiene algo personal) les condenó usted por terrorismo aduciendo que una asociación que defiende la desobediencia civil pacífica como método para alcanzar logros sociales, sirve a intereses terroristas (Asociación Josemi Zumalabe en el juicio 18/98). Usted con su animosidad personal y falta de objetividad que mostró durante ese juicio condenó después a personas a las que luego sus superiores tuvieron que absolver. Causando usted un daño irreparable a los encausados, y pudiéndolo haber causado aún mayor, de no haber sido corregido su sentencia injustificada. Su animosidad causa daños en los ciudadanos. Y su cargo es de mucha responsabilidad, más que la que su personalidad soporta.

La jueza que está juzgando a Arnaldo Otegi, Ángela Murillo no tuvo el menor reparo en perder las formas, la postura y hasta la vergüenza saliéndose del procedimiento del juicio para despachar, sin el menor atisbo de lógica jurídica, el siguiente diálogo, no sin antes avisarle de que tiene libertad para contestar o no:

Juez: “¿Usted condena rotundamente la violencia?”
Otegi: “No voy a contestar”
Juez: “Muy bien, ya lo sabía”
Otegi: “Yo también sabía que lo iba a preguntar”

Lógica jurídica, la verdad, no tiene mucha. Pero lo que sí tiene es lógica mediática. Los medios de comunicación han obtenido lo que buscaban: un titular atractivo que publicar, aunque el amarillismo apeste a varios kilómetros a la redonda.

La chulería, la prepotencia y la desgana con la que se expresaba Ángela Murillo no ha dejado indiferente ni a los redactores de El Mundo:

Este miércoles, la abogada de Otegi, Jone Goirizelaia, denunció ante el tribunal que un agente no permitía a su cliente, en huelga de hambre, beber agua. “¿Puede tomar agua?”, preguntó la letrada. “¡Cómo si toma vino!”, replicó la juez Murillo.

Hoy, ha sido a colación de una traducción, cuando la magistrada ha vuelto a hacer uso de su lenguaje ‘cheli’. Ante la proyección de un vídeo del discurso de Otegi en el homenaje al etarra José María Sagarduy y las quejas de las acusaciones populares por la traducción de éste (en vasco), la juez interrumpió el juicio y espetó: “Es evidente que la Sala no ha entendido ni papa”. [...]

Esta mañana también ha hecho gala de su fuerte carácter. Tras la protesta de las defensas por la traducción realizada por la intérprete, ésta pidió “perdón” a los abogados por su error, a lo que la juez no dudó en señalar: “Usted no tiene por qué pedirle perdón a nadie”.

A mí, puestos a lanzar preguntas gratuitas, también me gustaría preguntárselo: Y usted, magistrada, ¿condena la tortura?

Sin embargo hay un aspecto no tan cuidado como el resto: el guión. Y no quiero que se lleven mis palabras a malinterpretaciones: las matizaciones sobre las que quiero incidir no tienen nada que ver con el plano artístico del mismo. Simplemente quiero apuntalar algunos hecho narrados por los guionistas que, como vertebradores de una película, no están obligados, ni mucho menos, a desarrollar o ajustar fielmente a la realidad, pero que cojean ligeramente.

(Aviso a lectores, aquí se van a exponer ciertos aspectos de “Celda 211″ que, sin ser determinantes en el desenlace, sí que pueden desvelar parte de la trama)

¡Los sempiternos presos de ETA! Ciertamente creo que es un acierto incluirles para darle realismo y veracidad a una película ambientada en una cárcel de Zamora. Sin embargo creo que los guionistas han visto demasiadas veces las películas anglo-irlandesas de temática carcelaria (especialmente, “En el nombre del padre” y “En el nombre del hijo”, curiosa traducción esta última). Pese a su situación de “excepcionalidad” (desfavorable, principalmente), el papel que juegan dentro del motín es estrafalario. El Gobierno, presentado como un ente frío y burocrático, parece preso del destino de los “amigos del norte” (estos representados, defendidos y mediados, por supuesto, por el Gobierno vasco) por motivos que se escapan a las explicaciones mostradas en pantalla. ¿Es esto una crítica encubierta o una artimaña artística poco afortunada? Sea como sea, el espectador acaba empatizando con esos criminales comunes españoles por contraposición con el sibilino tinglado guberno-etarra-vasco.

Por otro lado, la máxima a la que aspiran los reclusos amotinados es a abolir el régimen FIES. ¡El régimen FIES! ¿De qué brillante mente ha salida la idea de unos presos que se amotinan y secuestran a otros presos para exigir la abolición de un régimen carcelario que se creó a finales de los años 80 principalemente para estos segundos? De cualquier manera, todo lo malo se extiende y a día de hoy los presos FIES no se limitan a los condenados por delitos de terrorismo.

Y esta es otra denuncia en la que no se atreve a entrar el director Daniel Monzón, donde se podía haber recreado un poco más: la situación real de este régimen especial. No ha querido entrar en polémicas, y no tiene ninguna obligación de hacerlo, pero sería de justicia arrojar algo de luz sobre un elemento determinante en la trama.

La situación de los presos FIES debería se considerada casi de situación extralegal. Si no fuera por la asombrosa capacidad de la Justicia española de juzgarse, absolverse y justificarse, este régimen hace tiempo que hubiera estado más regulado, controlado y hecho transparente. Al borde de la inconstitucionalidad, los presos dentro de este régimen tiene ciertos derechos (humanos y constitucionales) conculcados. Citando a la Wikipedia:

Observación y anotación diaria por parte de los funcionarios del módulo de todas las actividades que realiza el Interno (compañeros, paseos, lecturas, destino, etc.)

Las propuestas de licenciamento (cumplimiento) de condena, y de conclusión del expediente de libertad condicional. Es decir, las propuestas para finalizar la relación con la institución penitenciaria y con la sentencia judicial condenatoria.

Las excarcelaciones, bien sea por traslado a otra prisión o por traslado a un hospital.

Los ingresos producidos por traslado, sea éste en tránsito hacia otra prisión o definitivo en el mismo Centro Penitenciario.

Toda modificación de las situaciones procesales, penales o penitenciarias.

Los acuerdos que sobre el recluso hayan tomado los órganos colegiados, y las decisiones de los órganos unipersonales. Es decir, lo relativo a las sanciones y su cancelación, los destinos dentro de prisión, los méritos y recompensas, las intervenciones de las comunicaciones (orales, escritas o telefónicas), las clasificaciones, y las sanciones consistentes en una estancia en régimen cerrado.

Las comunicaciones con los abogados, y los nombres de éstos.

Cualquier incidente en el régimen penitenciario, o la sospecha de que pueda producirse.

La participación en actividades programadas por el Centro Penitenciario.

Las solicitudes de permisos de salida, antes de que sean estudiadas por el Equipo Técnico. Se ha de indicar el domicilio en el que se residiría en caso de obtener el permiso de salida.

Resoluciones del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria por quejas, siempre que éstas puedan afectar al régimen penitenciario.

Cualquier otra información.

Periódicos cambios de celda.

Inspecciones oculares periódicas para los clasificados en primer grado o en aislamiento (cada menos de una hora por las noches).

Requisamiento cada dos semanas de todas las dependencias de la prisión, y diaria y selectivamente, la de espacios ocupados o transitables por estos reclusos.

Intervención motivada de revistas, libros, periódicos… cuando carezcan de depósito legal, o bien sean considerados por la Dirección del Centro Penitenciario como atentatorios contra la seguridad del establecimiento. Los originales intervenidos serán enviados a la Coordinación de Seguridad, especificando remitente, destinatario, título de la obra, autor y editorial.

Intervención motivada de las comunicaciones orales (se realiza grabación en cualquier soporte de la conversación, especificando fecha, nombres y apellidos de los comunicantes, su DNI el parentesco), que serán remitidas al día siguiente de su grabación. Mensualmente se envía a la Coordinación de Seguridad el desglose mensual de comunicaciones orales intervenidas, con las especificaciones anteriores (fecha, nombres, DNI, parentesco).

Intervención de las comunicaciones escritas (se realiza una fotocopia de los escritos, junto a fotocopia del anverso y reverso del sobre, es decir, obtener identificación del destinatario de cada escrito), que serán remitidas mensualmente a la Coordinación de Seguridad.

Se ha de solicitar autorización a la Dirección del centro penitenciario en caso de requerir una consulta médica en el exterior. Si la consulta va a ser en el interior de la prisión, se exigen los nombres de los facultativos que van a asistir.

Normas específicas de control en los traslados.

Cambio constante de centro penitenciario, sin tener en cuenta la vinculación familiar del Preso a una ciudad determinada.

Al interno no se le aplicará la Libertad Condicional a las 2/3 partes de la condena como correspondería por su buen comportamiento y la ausencia de partes, sino a las 3/4 partes de la condena.

Registros frecuentes de su celda.

Imposibilidad de compartir celda con otros presos.

Prohibición de participar en algún tipo de trabajo, taller o curso.

Prohibición de tener más de dos libros y más de dos prendas de vestir. En algunos centros, se les da una única prenda.

A aquellos a los que se les aplica el Régimen cerrado, deben alimentarse dentro de la celda y sólo pueden salir al patio dos horas al día.

En algunos casos, la celda del preso no tiene muebles ni espejos.

Informes diarios de los Jefes de Servicio acerca de los cacheos realizados, la actitud ante ellos, las relaciones con otros internos.

“Celda 211″ hace un acercamiento a esta problemática dentro de las cárceles españolas, pero se queda en el intento de transmitir a los espectadores todo el fantasmagórico elenco de desfalcos que se esconden de muros adentro. Tal vez no sea su cometido, pero tampoco hubiera estado de más.

Porque se admite que el sistema judicial es perfecto.
Sólo desde el ideal de que el sistema judicial y penal no tiene imperfecciones ni comete errores se puede apoyar castigos irreversibles. La aplicación de la pena capital es definitivo, irremediable e irreparable. En la práctica está sobradamente demostrado que el hombre no es perfecto y que, consecuentemente, los sistemas que diseña y aplica tampoco lo son. Así pues, no debería permitirse que haya ejecuciones sobre un sistema judicial que no ofrece una garantía total sobre los juicios emitidos. Algo que en la práctica es imposible.

Porque nadie tiene autoridad para llevar a cabo una ejecución.
Aparte de la ironía que desprende el que un crimen se castigue con otro crimen, ninguna persona ostenta la autoridad necesaria de quitar la vida a otra persona. Las sociedades que permiten el uso de la pena de muerte crean una autoridad invisible e intangible, la “sociedad” o “Estado”: la unión de todos. Pero, ¿desde qué punto de vista la unión de muchas personas sin legitimidad de matar es legítima para matar? Sólo desde la impersonificación de ese juez y verdugo (“somos todos”) se puede llevar a cabo sin remordimientos.

Porque el sistema judicial no debe ser nunca vengativo.
Si algo hemos aprendido a través de la Historia (o deberíamos haber aprendido) es que la venganza es una deformación de la justicia. Es un sentimiento de búsqueda de la Justicia Divina que se pierde en el camino y que no suele llevar a nada bueno. Es por eso que no se puede dar voz a los agredidos en los castigos de los agresores. Los castigos que imponemos deberían ser imparciales, reflexivos, razonados, razonables y orientados a un fin concreto: la reinserción del preso en la sociedad. Si esto no fuera posible, se buscaría vías para proteger a la sociedad de estas personas, pero nunca a través de la ejecución.

Es más que probable que ya se hayan repetido mil veces, con otras palabras y otras firmas, pero no está mal de vez en cuando hacer un repaso de por qué creemos en lo que creemos.

Más información sobre la pena de muerte en la Wikipedia.

Esta explicación es tan simple como efectiva. ¿Quién no entiende qué es la “cantera” de ETA, y que merece ser detenida? ¿Cómo puede caber una sola duda de que son culpable de delitos de terrorismo, o en su defecto, lo serán algún día?

Estas explicaciones tal vez puedan colar entre la gente que nunca han tenido contacto con la juventud abertzale, pero para los que vivimos el día a día aquí tenemos una percepción de la realidad que hace caer por su propio peso las tesis de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Para empezar porque se asume que la llamada “kale borroka” es un fenómeno planificado, organizado y orquestado desde ETA y que ponen en práctica las llamadas “juventudes”, en este caso Segi. Sin embargo las Autoridades saben perfectamente, como lo sabemos quienes conocen este mundo de primera mano, que la “kale borroka” tiene bastante más que ver con grupúsculos de jóvenes descontrolados que con un plan maestro de ETA.

Precisamente ésta (“descontrolados”) era la definición que el propio Gobierno daba cuando, durante la tregua y el último fallido proceso de paz, se organizaban ataques callejeros pese a que ETA estaba en tregua.

Sin embargo, cada día que pasa, esta “realidad alternativa” que nos venden a través de los medios de comunicación se hace más fuerte. Pocos son ya los que se plantean dudas respecto a estas detenciones más allá de las fronteras de Euskadi y Navarra. Todos han dado por fiable y verídica la explicación del Ministerio de Interior sin pararse a pensar en qué es realmente Segi.

La propaganda funciona.

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Paul Ríos, coordinador de Lokarri, escribe un interesante análisis de cuáles sobre los motivos que han llevado a el Ministerio de Interior a desencadenar esta operación policial: La Ser centra, la Audiencia Nacional remata y Rubalcaba grita gol.