La palabra “terrorismo” nubla la vista de una sociedad con el hígado tan castigado a golpe de informativos, artículos y soflamas varias que ya no tiene el menor ápice de duda sobre la conveniencia de cualquier acción policial, judicial o política sobre quienes son marcados con el pañuelo rojo del “terrorismo”.

Sólo así se entiende que el país entero no se haya echado las manos a la cabeza por el asalto que ayer practicó la Policía Nacional, a instancias de la Audiencia Nacional, mediante el cual se detuvo a varios miembros de la izquierda abertzale, entre los cuales se hayaban Arnaldo Otegi y Rafa Díez.

La imagen de ayer ya la habíamos visto antes, pero con actores distintos. En el Chile de Pinochet, en la Argentina de Videla, en el Perú de Fujimori o en la España de Franco. Escenarios donde el Estado, a expensas de salvar al pueblo de un enemigo magnificado, se salta los Derechos Humanos, las libertades civiles o rodea sibilinamente la propia legalidad vigente.

O directamente, como en España, se modifica la Ley para que todo encaje. La Ley de Partidos ha hecho un roto en el tejido democrático que hace que todo cobre sentido bajo una lógica perversa y retorcida en la que, si vamos retrocediendo escalones atrás, vemos como toda esta persecución ciudadana tiene origen en un sinsentido aún mayor: que Batasuna y ETA son lo mismo. Si esta premisa fuera empíricamente verdadera, todos los miembros de Batasuna deberían estar en la cárcel acusados, entre otras cosas, de pertenencia a banda armadas o de colaboración con organizaciones terroristas. Sin embargo no es así. Por lo que están en una suerte de limbo judicial donde pueden ser acusados a capricho de la Justicia española, según la conveniencia del momento.

Pero, ¿conveniencia para quién? Para quien orquesta todo esto desde arriba. Debiéramos de ser muy ingenuos para negar que la separación de poderes en España es un concepto méramente retórico. Es el Ministerio de Interior quien, a requerimiento de las encuestas que maneja el Gobierno, pone en marcha una maquinaria totalitaria digna de las dictaduras más oscuras con el fin de dar circo al pueblo. Pueblo que, como decíamos al principio, vive en un estado de shock inducido con el que justifica cualquier cosa.

Sino, ¿cómo se puede entender que el grueso de la prensa lleve meses hablando del “polo soberanista”, del anhelo de la izquierda abertzale de desmarcarse de la violencia y del ninguneo que sufre Otegi por parte de ETA por sus postulados al margen de ella, y ahora de repente nos hacen creer que las detenciones de estos dirigente se justifican en que estaba actuando “dirigidos por ETA”? ¿Qué clase de desvergüenza es esta? ¿Por qué los medios de comunicación nos toman como si fueramos imbéciles?

Tal vez porque, en conjunto, lo somos. Pocas son las personas a las que les han asaltado dudas sobre la foto de ayer, donde la policía, actuando de noche y bajo el rosto anónimo y encapuchado, detenían a varios dirigente políticos reunidos en las instancias de LAB en Donosti. Quizás sean esas reminiscencias a los tiempos de los “grises” lo que más me pone los pelos de punta, esos déjà vu con olor a Proceso de Reorganización argentino.

Ayer fue un día muy triste para todos, aunque creamos que no. Quizás sea la puerta a la ilegalización de LAB.

Pero no se preocupen: son los malos.

—————-

Es curioso como Público, quien bajo dirección de Ignacio Escolar ponía un ápice de sentido común dentro del desolador panorama general de la prensa española, se ha convertido en un lamenalgas del Gobierno. Su “todo tiene sentido, circulen” es vergonzoso. “La Policía y el juez Baltasar Garzón cortaron ayer el enésimo intento de Batasuna por volver a ser el referente de la izquierda abertzale que respalda a ETA aún desde la clandestinidad”

Sin embargo El País, quien tiene el título de lamenalgas oficial, tiene el detalle de publicar en la portada de su web un artículo bastante serio sobre quién en Rafa Díez y qué papel ha jugado. Algo más que un sindicalista.

A modo de reflexión, Paul Rios, miembro de la coordinadora Lokarri, escribe en su blog un artículo bastante ilustrativos de ante qué nos enfrentamos. ¿Quiere abortar el Gobierno el debate de la izquierda abertzale sobre la violencia?

El Tribunal de Estrasburgo respalda la Ley de Partidos de 1992 y convalida la ilegalización de Batasuna sancionada por el Supremo en 2004, luego confirmada por el Constitucional. La ilegalización de Batasuna, dice, era “una necesidad social imperiosa”, justificada en la seguridad pública y en “la protección de derechos y libertades”. Es decir, la libertad ideológica y el legítimo derecho a la conquista del poder tienen límites. Nadie puede perseguir esos objetivos con la merma de derechos de otros y mucho menos, como es el caso, con la intimidación, el terror y el atentado contra la vida.

Nos intenta vender la misma historia que nos han querido colar desde el PPSOE: que Batasuna pega tiros, extorsiona, secuestra e instala artefactos explosivos debajo de los coches. Que nadie puede buscar “objetivos con la merma de derechos de otros y mucho menos, como es el caso, con la intimidación, el terror y el atentado contra la vida” es una obviedad tan conocida que todos sabemos de sobra.

Que digo yo, ¿las leyes no eran suficientemente claras como para castigar la colaboración con una banda terrorista? Que yo sepa, se llamaba “colaboración con banda armada“. Y el apoyo mediático se llamaba “apología del terrorismo“. Y conseguir dinero o colaborar económicamente se llamaba “financiación con fines ilícitos“. Y conseguir apoyo logístico o medios materiales también se englobaba en la “colaboración con banda armada”. ¿Por qué ha habido que crear una ley nueva (Ley de Partidos), a medida de Batasuna, para castigar comportamientos que ya estaban anteriormente tipificados en el Código Penal?

Esta superioridad moral con la que se nos trata es vergonzosa. Parece que la alta judicatura tiene en su mano el tarro de las esencias de la moral y el orden. No nos rige sobre lo que hacemos, sino sobre qué debemos pensar y por qué. Y aquí es donde Félix Monteira se destapa.

No es la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decide la ilegalización de un partido político. Abundan las sentencias, pero el caso más sonado fue el dictado el 31 de julio de 2001, que refrendaba la disolución del Partido de la Prosperidad en Turquía. Esta formación islamista logró un 22% de los votos y llegó al poder en 1996 en coalición con otra fuerza de centro derecha.

Deben abundar las sentencias, pero los tertulianos sólo sacan a colación el ejemplo turco. Si sobran las sentencias similares, ¿por qué se cita la de un país como Turquía? ¿Por qué no se cita el ejemplo, casi paralelo, de la actitud de Reino Unido en Irlanda del Norte? Reino Unido es un país con una tradición democrática bastante más asentada, extensa y catedrática que la de Turquía, lo que pasa es que no conviene airear el hecho de que el sistema bicameral inglés nunca tuvo la menor intención de ilegalizar el Sinn Féin, brazo político declarado del IRA, pese a que los vínculos entre ambas organizaciones eran mucho más fuertes y evidentes. ¿Por qué? Porque mientras que unos pegaban tiros y ponían bombas, los otros pegaban carteles y daban mítines. Y no se puede juzgar a los dos con los pecados de uno. No se puede salvo en España, claro está, donde no afectan sólo a un partido, sino a cientos de organizaciones, colectivos y asociaciones, y a miles de personas relacionadas en segundos, terceros y hasta cuartos niveles de relación con los anteriores.

Otro ejemplo a sacar es la democracia holandesa. Pocos delitos son tan reprobables como la pedofilia. Y sin embargo, el denominado “partido pedófilo” holandés no pudo ser ilegalizado por la Justicia del país. ¿Por qué? Porque es la gente quien debe dar la espalda al polémico partido. La Justicia no puede erigirse en vigilante de la moralidad de las personas. Lo hace en países como Irán, Marruecos o la España de Franco, pero no en una democracia moderna.

El tribunal Constitucional de Turquía decidió suprimir el partido y transferir todos sus bienes al patrimonio público porque el presidente, Necmetin Erbakan, era contrario al principio de laicidad del Estado y pretendía imponer el velo y la enseñanza religiosa. Erbakan perdió el poder porque aspiraba a derribar algunos pilares de la sociedad turca, vigentes desde el general Ataturk. Hoy gobiernan el país, sin problemas constitucionales, los islamistas moderados.

Este es el quid de la cuestión. Si hace 30 años hubiéramos tenido la prepotencia y la superioridad moral que tenemos ahora, la derecha española hubiera ilegalizado a todos los partidos que propugnaban el divorcio, el aborto o incluso la homosexualidad. El secreto está en superponerse moralmente a quienes se quieren apartar de la vida pública y declararlos fuera de la legalidad con la excusa de que se están “defendiedo” los “pilares del Estado”. Elevar la moralidad circunstancial a la categoría de ley.

Esto ya se ha hecho antes en España. Y vemos que, tristemente, esto es casi una constante. La Inquisición, el bipartidismo de Cánovas, la “dictablanda” de Primo de Rivera, el franquismo… velaron por los “pilares del Estado”. Veo que no aprendemos de los errores, y seguimos empeñados en elevarnos por encima de los demás e imponer nuestra propia moralidad. Así nos va.

Por cierto, el “partido pedófilo” no llegó ni a reunir las 500 firmas que se solicitaban para inscribirse en el registro de partidos.

Las voces que se alzaron en contra de la Ley de Partidos se han ido apagando paulatinamente, y lo que en un principio se miró con desconfianza y ciertas dudas sobre sus garantías, a día de hoy se aplaude y vitorea. La explicación más factible a esta progresiva asimilación de una ley tan difusa como efectista es la machacona cantinela con la que los medios de comunicación españoles han venido atosigando y aleccionando al conjunto de la ciudadanía. Medios de izquierdas, de derechas, afines al Gobierno, críticos con el Gobierno, económicos, políticos, generales… todos los han ido acercando la visión apocalíptica de qué es Batasuna y qué nos jugamos con su presencia.

Sólo desde un profundo desconocimiento de la sociedad vasco-navarra se puede apoyar una medida extremista, propia de países bananeros, como es la Ley de Partidos. Es un hecho el desconocimiento, la incomprensión y la falta de tacto que profiere el ciudadanos medio español hacia los asuntos internos vascos. Muy pocas personas dentro del conjunto de la ciudadanía vasca apoyan la Ley de Partidos. Y es curioso que los supuestos principales benficiarios de la Ley sean quienes más rechazo presentan a ella. Pero no es menos curioso el entusiasmo con que aplaude la sociedad española una medida que no ni les afecta ni les incumbe.

Tampoco deja de ser curioso que sean los partidos políticos vascos (PNV, Aralar, EA, Batzarre, Zutik), quienes a priori se perfilan como los principales beneficiarios del trasvase de votos de Batasuna, sean también los más firmes detractores de tan polémica ley. El caso más claro es el de Aralar, receptores directos del voto de Batasuna, quienes más ferozmente critican y se posicionan contra la Ley de Partidos.

Un factor muy peligroso que conlleva todo este asunto es la identificación de estas medidas, racionadoras de los derechos civiles de una parte de la sociedad vasca, con la “lucha antiterrorista”. La “lucha antiterrorista” no tendría que ver absolutamente nada con qué partido político se puede presentar en las próxima elecciones municipales o quién no. La lucha antiterrorista es esencialmente policial. Extralimitar los campos de actuación al terreno de educación, municipal, electoral, social o incluso mediático no puede sino agravar los ataques a unos derechos irrenunciables que se están secuestrando de ese porcentaje de votos radicales. Podemos llegar a extremos como el vivido en estos días en Pamplona, donde la alcaldesa se niega a dar espacios públicos a Gora Iruña!, un colectivo que se encarga de organizar las fiestas populares, hasta que no condene a ETA. La paranoia y la mangnificación de ETA es cada vez más descarada y patente.

El Tribunal de Derechos Humanos ha avalado al Gobierno español en su empeño por enterrar debajo de la alfombra a 200.000 personas.

Sin embargo tampoco deja de ser curiosa la predisposición del Tribunal a extralimitarse en sus funciones de aceptar o desestimar los cargos recogidos. El Gobierno español necesitaba un espaldarazo a sus políticas represivas que le ayudara a terminar de apuntalar en la opinión pública las magnificencias de la Ley de Partidos. No les valía con el clásico “Sí, pero…” o con una sentencia favorable con matices. Necesitaba no la razón, sino el apoyo.

El Tribunal de Derechos Humanos se ha deshecho en elogios. Ha ido, punto por punto, respaldando aspectos polémicos que el Gobierno español tenía en entredicho y sobre los que en principio no tenía por qué haberse pronunciado. Más que una sentencia de un tribunal independiente europeo parece otra tropelía nacida de las manos de Ferraz y Génova envuelta en palabrería legal. Incluso el lenguaje escogido es inexplicablemente similar al utilizado por los tribunales españoles, siempre a instancia de sus superiores en las citadas calles madrileñas. Una sintonía que huele a corrillo.

Llamar a la Ley de Partidos una “necesidad social imperiosa” es una majadería, una especie de continuación del “corazón y las entrañas” con que definían a las personas juzgadas en el Macrosumario 18/98 del que por cierto ahora se están desdiciendo.

Tambien sentencia que no ha estudiado las pruebas de la relación entre Batasuna y ETA porque no entraba en sus competencias pero se aventura a decir que los “probados vínculos con ETA pueden ser objetivamente considerados como una amenaza para la democracia”.

Sospechosamente, y sin que nadie le pregunte, también se pronuncia sobre las denuncias de imprecisión y arbitrariedad, aclarando que la Ley “define de manera precisa la organización y el funcionamiento de los partidos políticos y aquellos comportamientos que podrían provocar su disolución o suspensión judicial”. Esto viene a desdecir lo que otra organización, y admírese el matiz, independiente por los Derechos Humanos como Amnistía Internacional había denunciado.

Garantiza que “nunca se trataría de una aplicación retroactiva de la norma” dado que esto sería inconstitucional y además contrario a los derechos humanos, pero a la vez ratifica la ilegalización de Herri Batasuna, partido fundado en 1978 que dejó su actividad en 1998 y que se ilegalizó con una ley que data de 2003.

A todo esto añadimos que la noticia del fallo la distribuyeron varias agencias de información a instancias del Gobierno español mucho antes de la publicación oficial de las sentencias por parte del Tribunal, obligando al propio Tribunal a adelantar la publicación de las mismas, y que Rubalcaba conocía por lo menos una semana antes de antemano la postura que iba a adoptar.

En conclusión, demasiados dudas al respecto de un Tribunal del que se esperaba una mayor independencia y rigor. La sintonía que muestra en todo momento con la alta judicatura española no hace sino empañar la imagen de un tribunal que necesariamente debiera ser independiente e imparcial. Pero por lo visto, el miedo a un rapapolvos por parte de un Estado miembro de la Unión Europea ha podido más que la justicia.

Otra vez…

El Teleoperador es un conocido blog ¿progresista?, habitual escritor de un plausible Manifestómetro, que se le ha subido la bilirrubina al ver como una parte importante de la blogosfera no estaban de acuerdo con el “todoslosabemos” y el “todoslomismo” aplicado a Iniciativa Internacionalista. Así que se ha puesto manos a la obra y ha empezado a sacar datos de la sentencia del Tribunal Superior para ejemplificar su rabieta interior.

En realidad, Juan Carlos, el Supremo dijo algo más que “un apretón de manos”. Dijo que en 1987 Alfonso Sastre pidió el voto para Herri Batasuna (HB), en 1989 y 1994 fue candidato de HB en las europeas, en 1998 y 1999 fue candidato de Euskal Herritarrok (EH) en las locales y europeas respectivamente y en 2008 fue candidato de ANV en las generales; todo un logro para ser madrileño.

Además, en 1993 fue organizador de la plataforma Hitz Egin en apoyo al diario Egin, en 2000 firmó la iniciativa “A favor de los derechos de los ‘presos políticos’ vascos”, en 2002 él y su mujer redactaron un comunicado contra la ilegalización de Batasuna, en 2004 apoyó la candidatura de Herritarren Zerrenda (HZ), luego anulada por el Supremo y no amparada por el Constitucional, y en 2008 dio una charla en San Sebastián sobre el tipo de república a instaurar en el País Vasco. A su lado estaba… vaya, Arnaldo Otegui. Quizá le estornudó encima, no sé, pero aunque le hubiese estornudado, besado a tornillo y dado por el culo no le habría contagiado nada porque hace muchos años que Alfonso Sastre contrajo su HBísmo.

Pero el señor Teleoperador debería tener en cuenta que no todos teníamos la preclaridad y la perspectiva de ahora, cuando vemos que BATASUNETA (así suena mucho mejor, ¡hombre!) y su entorno es todo uno. Entonces es normal que haya gente que haya apoyado a Herri Batasuna en vez de a, digamos, algún peligrosísimos partido revolucionario como el PSOE o similares. ¡Menos mal que han venido los ilustres magistrados de la Audiencia Nacional para decirnos “ETA es Dios, y Batasuna su profeta“. Así podemos decir, como decía el otro día José A. Pérez, que Batasuna puso la bomba en Hipercor y que ETA estuvo en Gobierno Vasco. ¡Cuán engañados hemos estado!

Lo malo es que en medio del tabardillo de higiene democrática que ha tenido el señor Teleoperador se ha llevado por delante a cuatro conocidos “progretarras” (la versión flamenca del “islamofascismo” aznariano). A partir de hoy habrá una nueva designación para los desafectos: “blogetarras”. Son Nacho Escolar, Juan Carlos Escudier, Isaac Rosa y el propio José A. Pérez quienes se han atrevido a mentar a BATASUNETA, diciendo aseveraciones del calibre de lo siguiente:

Estoy en un debate en la Complutense, en la misma mesa que Nines Maestro, de Iniciativa Internacionalista. Lo mismo me ilegalizan.
(Nacho Escolar)

Y, digo yo, si ETA pidiera el voto para el PSOE, ¿se ilegalizaría este partido? Porque, si la justicia española es coherentes, debería ser así. El PSOE está instrumentalizado por ETA, ergo a tomar por el culo el PSOE. Pero algo en mi interior (llámalo instinto) me dice que no sería así.

“Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos” es un partido político. Pero no te molestes en aprenderte el nombre porque ya es ilegal. Como la hierba y el crack. Como fumar en un avión o follarte a un mono (aunque sea tuyo).

Dice el Tribunal Supremo que éste nuevo partido está “instrumentalizado por ETA/Batasuna”, así escrito, con el palito torcido éste, /, porque ahora ETA y Batasuna son lo mismo, no sé si lo sabías. Ahora uno puede decir que Batasuna voló un Hipercor y que ETA estuvo en el Gobierno Vasco, porque el lenguaje es elástico, como las piernas de una puta vieja.
(José A. Pérez)

La ley de partidos, que al principio despertó tantas dudas y escrúpulos, y que hoy se aplica con alegría, ha demostrado una elasticidad admirable. En ella cabe todo, y combinada con la doctrina judicial del “entorno del entorno”, nada se le resiste.

Bajo ella el mundo etarra no deja de crecer. Lo hace en círculos concéntricos, cada vez más amplios, pero también en círculos con apenas zonas de intersección entre sí, o que se rozan tangencialmente. Consiguen así darle a una ETA en fase terminal una capacidad de influencia con la que nunca soñó, pues se multiplican sus afines a ojos de la justicia.

Visto lo visto, yo voy a mirarme lo mío, no sea que pertenezca al entorno sin saberlo. Sobre todo después de leer la argumentación de la Abogacía del Estado para anular la lista de Iniciativa Internacionalista. Como ninguno de sus miembros está condenado por nada, se les criminaliza con cualquier cosa. Y en ese “cualquier cosa” es donde muchos podríamos ser batasunos sin saberlo.
(Isaac Rosa, mencionado anteriormente aquí)

Para sorpresa de muchos, el Constitucional ha dictaminado por unanimidad que, a diferencia de la gripe porcina, que puede contagiarse con un apretón de manos, el hecho de que un tío de Batasuna estornude en tu presencia no te convierte necesariamente en Arnaldo Otegi. Un argumento parecido le ha servido para autorizar la presencia en las europeas de la lista encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre y, de paso, sacar los colores al Supremo, que había anulado la candidatura con indicios “tan leves como el aire en este infierno”, que diría Dante.
(Juan Carlos Escudier)

¡No me extraña el farfulleo del Teleoperador! Yo es que es empezar a leer estos artículos y me dan ganas de hacer un copiar/pegar de la Ley de Partidos y hacer una Ley de Blogs en los mismos términos jurídicos y empezar a ilegalizar blogs desafectos, blogs contaminados, blogs de “extraordinarias similaridades”, blogs con los mismos fines… Apéndices de ETA al fin y al cabo, “todoslosabemos”.

No te digo más.

PS. El de la mesa sin calzar devuelve un pelotazo sin remisión. Lean y disfruten.

Dios me libre de intentar imponer mi verdad, pero ocurre que tengo varios colegas (no)votantes de Batasuna (hoy mismo me han echado la bronca por entrar en una cafetería el día de la huelga general), y os aseguro que no apoyan la violencia de ETA. Ocurre que, para ellos, condenar públicamente la violencia de ETA sería una derrota si el Estado no condena, a su vez, el terrorismo que ejerce y ha ejercido contra Euskal Herria en forma de torturas policiales y dispersión. Puedes no estar de acuerdo con eso (yo no lo estoy), pero de ahí a llamarles asesinos hay un trecho.

A muchos nos gustaría que Otegi diera una rueda de prensa para condenar la violencia de ETA. También nos gustaría que se acabaran las guerras, que nadie pasara hambre y que todo el mundo echara un polvo cuando le apetece. Pero las cosas no son tan fáciles. Y cuando el poder se empeña en que sean fáciles, cuando inventa leyes ad hoc que simplifican la realidad, la democracia se resiente.

El Teleoperador es madrileño, así que imagino que no conocerá a ningún abertzale. Es muy probable que jamás haya charlado con una persona de esta ideología, y estoy completamente convencido de que sólo ha recibido la propaganda de uno de los lados, propaganda que habla de cajeros en llamas, de aplausos a etarras, de dianas y de nada más. Pero hay más, por supuesto. Siempre hay más.

Eso sí, en una cosa estoy de acuerdo con El Teleoperador: Alfonso Sastre está acabado. Y, como el propio Teleoperador dice, ser un hijoputa no es ilegal. Pero, vamos, que para llegar a esa conclusión no hace falta ambientar la historieta en Euskadi.

Por cierto. El PP condenó el franquismo en 2002, 27 años después de la muerte del dictador. O sea, que si aplicamos ese criterio y ETA entrega las armas mañana, a la izquierda abertzale le podemos dar de plazo hasta 2036 para condenar la violencia etarra. Así que, querido Teleoperador, mejor que te calmes o te dará un jamacuco.

¡Algo huele a podrido en España! Sobre todo cuando los medios afines al actual Gobierno está publicando material tan altamente inflamable. Hoy El País, en un ejercicio de responsabilidad e independencia, publica dos artículos donde viene a concluir que todo esto se nos está yendo de las manos. Si el diario insignia del Gobierno socialista hurga donde no hay que hurgar es porque el olor empieza a ser insoportable. Así nos habla desde, ni más ni menos, la editorial de hoy.

Fue el caso de ANV y lo es ahora de II-SP. Hay que probar con documentación, grabaciones, testimonios, la existencia de concertación entre ambas formaciones y la voluntad de la legal de colaborar con la ilegal para seguir actuando como apoyo o complemento de ETA. Sin embargo, el auto se limita a constatar la intención de Batasuna de concurrir a las elecciones y la presencia al frente de la lista de una persona, Alfonso Sastre, con vinculaciones con el mundo de Batasuna. Hay una gran desproporción entre una resolución grave, que afecta a derechos políticos (el de sufragio pasivo), y lo ligero de unos indicios no sustentados en material probatorio suficiente.

La negativa de los promotores a distanciarse expresamente de los métodos de ETA, sabiendo que hacerlo es considerado por el Constitucional un fuerte contraindicio de connivencia con el terrorismo, abona la convicción moral de que existe una vinculación con Batasuna. Pero apostar por la firmeza del Estado de derecho implica aceptar las limitaciones que impone la propia legalidad. No basta con la convicción moral: hacen falta pruebas o indicios solventes. Si no los hay, se descubre un flanco que los expertos del frente jurídico de Batasuna no dejarán de utilizar con vista al recurso contra la Ley de Partidos planteado ante el Tribunal de Estrasburgo.

Esta editorial posiblemente se escribió ayer, antes de que II presentara un recurso ante el Constitucional donde incluye una condena explícita y tajante de la violencia. Este varapalo para los intereses detrás de la ilegalización de partidos ha debido de escocer bastante en la pluma de algún redactor de El País, porque su titular denota cierto rintintín: “La lista ‘abertzale’ de Saste condena ahora la violencia“. ¿Qué clase de revanchismo es ese? ¿A qué viene ese “a buenas horas, mangas verdes” implícito en el titular? A veces me sorprenden de sobremanera los modos de los periodista, y más aún la inacción de sus superiores.

Por otro lado, también en la edición de hoy, el Catedrático de Derecho Constitucional de la UPV, Eduardo Vírgala, firme partidario de la Ley de Partidos, dedica un durísimo artículo hacia el funcionamiento de la Justicia española. Bajo un título tan poco interpretativo como es “Una peligrosa pendiente antidemocrática” nos brinda material realmente bueno, a la altura de una titulación como la suya.

El auto del 16 de mayo creo que continúa una peligrosa pendiente de aceptar acríticamente la posición del Gobierno, ya iniciada en la sentencia de 2005 sobre Aukera Guztiak y, en otro sentido, en el auto de 2007 sobre ANV. En la primera, los argumentos utilizados por el Tribunal Supremo fueron muy frágiles, ya que no se aportó ningún documento interno de ETA o Batasuna en que, aunque sea indirectamente, existiera mención a Aukera Guztiak y se utilizó una entrevista grabada con un preso etarra de la que sólo se deducía la intención de presentar dos listas, pero no que una de ellas fuera la de Aukera Guztiak, pudiendo existir, como así resultó, más listas que canalizaran la participación electoral de los partidos ilegalizados. De forma poco rigurosa, lo que fue además excluido luego por el Tribunal Constitucional, se imputó a la lista lo que el Tribunal Supremo calificó de “atípica precampaña electoral de Aukera Guztiak”, por no hacer propuestas electorales concretas.

[...]

Ahora, en 2009, la tendencia de la sentencia de 2005 contra Aukera Guztiak se lleva hasta el extremo. El Tribunal Supremo se conforma con decir que ETA-Batasuna “ha tenido en todo momento intención de presentarse” sin que se haya aportado un solo documento en que esa intención se concrete en alguna mención, aunque sea indirecta, a II-SP. No hay constancia probatoria de reuniones entre Batasuna y los partidos que sustentan II-SP, ni de contactos en fechas previas a la convocatoria electoral, ni de asambleas de Batasuna en las que se decida la colaboración con II-SP.

[...]

Finalmente, se apunta la ausencia de condena de la violencia por los portavoces de II-SP, pero hay que recordar que el Tribunal Constitucional entiende que la condena sirve para descartar la ilegalización, pero no lo contrario, salvo que otros indicios refuercen de forma clara la connivencia de una candidatura con el complejo terrorista.

De todas formas, conocida la doctrina del Constitucional sobre la valoración de la prueba por el Tribunal Supremo, de forma que sólo la revisa si actuó deduciendo “una conclusión irrazonable o arbitraria“, es difícil que ampare a la candidatura anulada. Pero, desde un punto de vista jurídico-constitucional, es lo que tendría que hacer.

Pero quizás el párrafo concluyente sea el más esclarecedor:

Muchas más probabilidades tendrán los afectados si deciden recurrir en última instancia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Allí una sentencia condenatoria para España sería un auténtico desastre para nuestra democracia, por lo que ojalá el Tribunal Constitucional se arriesgue y ampare a los recurrentes.

Aquí está el meollo de la cuestión. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo pende sobre el Gobierno español como la Espada de Damocles. Las posibilidades de una sentencia en firme contra la Ley de Partidos son amplias. Y estamos jugando en Europa, donde los tribunales no tienen los vicios manidos y proselitistas que abunda en la alta magistratura española. Allá no vale con llenar 50 folios de despropósitos envueltos en palabrería legal para estar por encima de lo legal y lo divino. Allá no hay Tribunales seguidistas que les da lo mismo firmar cualquier resolución con tal de que no se les eche encima la prensa o el Gobierno. Allá no tienen una idea viciada y acrítica de qué significa la democracia, en lo imparcial e hiriente de su palabra.

Sea como fuere, es un hecho que el único y frágil hilo donde se sostenía (por decir algo) la sentencia del Tribunal Supremo era la omisión de una condena explícita de la violencia. Este “rito de expiación” ha sido llevado a cabo, ¡abajo las máscaras!.

Y ahora, ¿qué?.

Gracias a Yemeth, en Menéame

La lista casi completa, en Nación Española

“Con esta demanda no se trata de expresar una certeza racional o una convicción moral, sino demostrar desde el punto de vista jurídico” -Escrito de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo-

Hace meses quise asistir a una obra teatral de Alfonso Sastre. Hoy me alegro de no haberlo hecho, para no ser señalado algún día de proetarra.

¿Creen que exagero? No tanto. La ley de partidos, que al principio despertó tantas dudas y escrúpulos, y que hoy se aplica con alegría, ha demostrado una elasticidad admirable. En ella cabe todo, y combinada con la doctrina judicial del “entorno del entorno”, nada se le resiste.

Bajo ella el mundo etarra no deja de crecer. Lo hace en círculos concéntricos, cada vez más amplios, pero también en círculos con apenas zonas de intersección entre sí, o que se rozan tangencialmente. Consiguen así darle a una ETA en fase terminal una capacidad de influencia con la que nunca soñó, pues se multiplican sus afines a ojos de la justicia.

Visto lo visto, yo voy a mirarme lo mío, no sea que pertenezca al entorno sin saberlo. Sobre todo después de leer la argumentación de la Abogacía del Estado para anular la lista de Iniciativa Internacionalista. Como ninguno de sus miembros está condenado por nada, se les criminaliza con cualquier cosa. Y en ese “cualquier cosa” es donde muchos podríamos ser batasunos sin saberlo.

Entre los “indicios”, firmar manifiestos por el fin dialogado de la violencia o contra la ley de partidos, haber publicado artículos en prensa a favor de la autodeterminación, o participar en una mesa redonda junto a algún abertzale. O no haber condenado a ETA en público, pese a ser, según la Abogacía, algo “política y socialmente procedente o razonable, y aún éticamente exigible”.

Con esa elasticidad, hasta esta columna podría ser tomada como prueba algún día. Por si acaso no la guarden.

Isaac Rosa, en su Trabajar cansa

(Quería haber publicado un extracto del artículo, pero no he tenido el valor de meterle la tijera por ningún lado)

Se cumple así en Euskadi una de las virtudes de la democracia, que es la alternancia en el poder, aunque sea esta todavía una asignatura pendiente en algunas comunidades autónomas. No es el cambio, sin embargo, una ley de hierro, sino la soberana decisión de los ciudadanos, que imponen con sus votos la competencia en el ejercicio del poder.

Por un lado se nota el gusto del señor Monteira por la palabra “alternancia“. Me imagino que el unipartidismo instaurado en España y encarnado por el PPSOE, es el modelo a seguir. ¡Qué grata sorpresa se llevaría Cánovas del Castillo si levantara la cabeza y viera cómo todavía hoy trascienden y se aplican sus postulados! Siempre será mejor la injusticia al desorden, oiga. Por el otro lado, pronto empezamos con las sibilinas mentiras que se repiten como un ronroneo hipnotizante: “la soberana decisión de los ciudadanos, que imponen con sus votos la competencia en el ejercicio del poder“. El señor Monteira sabe perfectamente que la soberana decisión de los ciudadanos vascos es que sus representación siga siendo abertzale, como también lo saben las cabezas bienpensantes del PSE. Pero disimulan y siguen con su cantinela como quien oye llover para ver si con un poco de suerte cuela.

De las pasadas elecciones autonómicas, el PNV salió como el partido más votado, pero incapaz de reunir una mayoría para formar Gobierno. Pero la circunstancia de tener más diputados que el PSE no le da base para sostener que el Gobierno de Patxi López es ilegítimo. Su reivindicación inconsciente del monopolio se estrella con la realidad de que el líder socialista obtuvo el pasado martes la mayoría entre los representantes de la soberanía popular.

Muchos pensamos que el actual Gobierno vasco es ilegítimo, incluído el PNV. Que el PNV sea la lista más votada no es relevante, lo que cuenta es quien consigue una mayoría para gobernar. En este caso es el PSE. El problema radica en que se ha alterado la representación de la sociedad vasca, sentencias judiciales mediante, alterando así los resultados electorales. Faltan exactamente 8 parlamentarios abertzales que quitarían la mayoría al tándem PSE-PP, dejándoles en un incómodo 60% para el nacionalismo y un 40% para el españolismo.

El Gobierno que preside López, aparte de la novedad, propone una nueva vía que concita muchas esperanzas, pero conviene tener en cuenta que no está exenta de peligros. En primer lugar, los socialistas van a gobernar en minoría. Su estabilidad depende ahora exclusivamente del apoyo parlamentario del PP, lo cual indica que estará sometido a condiciones.

No, estará sometido a SUS condiciones. A las condiciones que ponga el PP. Un PP que lleva toda la vida quejándose de los denominados “partidos bisagra” pero que ronronea de gusto cuando ejerce el divino placer de mover los hilos y que otro ponga la jeta.

Gobernar en el País Vasco es un valor irrenunciable. “Para nosotros hubiera sido más fácil una coalición con el PNV a cambio de un pacto de lesgislatura que garantizara una mayoría estable en el Congreso”, afirma un destacado miembro del Gobierno. En esa solución de libro había un escollo difícil, la insoportable continuidad de Ibarretxe, y una apuesta catastrófica para el futuro. Ese descartado pacto hubiera acarreado un castigo electoral para el PSOE no sólo en Euskadi, sino en el resto de España. El País Vasco, más que cualquier otra comunidad, vota en todo el Estado. Y la España plural que formuló José Luis Rodríguez Zapatero antes de su acceso al poder apenas existe en el mapa. Los nacionalistas han perdido el poder, con la reducida excepción de ERC en el tripartito catalán.

Esta es la definición de hipocresía. El PSOE lo que ha hecho es lo que hace siempre, esto es, actuar por miedo. Por miedo Zapatero ha pasado de hablar de la España federal al “Gobierno de España”. Por miedo no se atrevió el PSN a gobernar con Nafarroa Bai e Izquierda Unida en Navarra. Y por miedo el PSOE no se ha atrevido a exponerse a una ofensiva de la derecha a través de sus medios por gobernar con el PNV. Gobernar con el PNV hubiera sido lo lógico y lo normal: entraría en el Gobierno vasco, suavizaría las posturas de Ibarretxe, crearía una Gobierno de “transversabilidad” como prometió en campaña y encima hubiera dotado a Euskadi de estabilidad política. Pero el partido de Zapatero no hubiera podido (o querido) soportar las embestidas de la España castiza, que verían como un Ibarretxe hasta hace poco estigmatizado y ridiculizado por periodistas como Neira se convertía en compañero de viaje de su partido de cabecera. En esta campaña de difamación, boicot y ridiculización contra el PNV y contra quien tenga voces disonantes dentro de esta España unitaria, grande y libre se unen  toda la batería mediática del PP y PRISA.

La decisión compartida por el presidente Zapatero y por el propio Patxi López es aprovechar el capital político de ese triunfo vasco y los posibles beneficios políticos de una buena gestión en Euskadi. Es una apuesta coherente, porque la renuncia no hubiera sido comprendida, aunque ello acarrea una dificultad añadida para el Gobierno central.

¿Triunfo? Y dale. Así son los viejos perros de partido. Maquillan la realidad a su gusto, “liposuccionan” las partes que no les gustan y presentan a sus jefes como los triunfadores de rabo y dos orejas. Y encima le dan la vuelta a sus defectos y los presentan como si fueran virtudes. Le dan la vuelta a sus errores y los presentan como si fueran aciertos. Y le dan las vuelta a sus puñaladas para presentarlas como si fueran palmeteos.

Por otra parte me gustaría ver cómo el PSE va a conseguir una “buena gestión” con un Patxi López “coronado” gracias a su Ley de Partidos y subido a hombros de un PP que merodea como un buitre, que no tendrá prejuicio en dejarle caer de morros para echarle la culpa de la caída.

Todo sea por nuestra patria, torera y flamenca, que se merece que la cohesionemos aunque sea a golpe de espada. ¡Santiago, y cierra España!

#23, no hay votos ilegalizados, hay partidos ilegalizados…

un millón de veces que lo digais, un millón de veces que quereis colar una mentira conveniente.

Es una sutil diferencia que invita a pensar, y que tiene más trascendencia de lo que en principio parece tener. Si determinamos que son los votos la parte ilegalizada, la democracia, deduciríamos, que contiene una especie de apartheid político. Por otro lado, si creemos que la parte ilegalizada son los partidos, es algo más excusable y laxo que se puede llegar a entender en una democracia no demasiado garantista como es la española.

Así pues, repasando la historia de la “izquierda abertzale“, entendida como una parte de la sociedad vasca (entre un 10 y un 20% de la población total), vemos que el partido que les representaba era HB (Herri Batasuna). HB, tras ser detenida su Mesa Nacional, pasó a llamarse EH (Euskal Herritarrok) durante la tregua del 98. Tras un acalorado debate interno, pasó a llamarse Batasuna únicamente. Batasuna fue ilegalizado en 2002. Su ilegalización tuvo que mediarse a través de una ley nueva (la Ley de Partidos), ya que hasta entonces Batasuna no incumplía en ningún momento la legislación vigente (no financiaba a ETA, no hacía apología del terrorismo, no existían vínculos jurídicos…). La nueva ley debía ser tan abstracta e interpretable como para hacer un uso arbitrario de ella.

Con Batasuna ilegalizado, se crearon algunos partidos independientes para intentar participar en la elecciones municipales y autonómicas: AuB, EZ, Sozialista Abertzaleak (SA), etc. Todos resultaron ilegalizados salvo uno: el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK), una formación que ya existía previamente (desde 2002) y que se comprometió a representar a la “izquierda abertzale”.

Este gesto, de un partido que ya existía y que no cambió en ningún momento a sus miembro ni militantes, le costó su ilegalización. ¿Por qué motivo? Por ser “la sucesora de Batasuna”.

Tras la ilegalización del PCTV-EHAK, un partido diferente se ofreció a llevar adelante el programa electoral de la “izquierda abertzale”: Acción Nacionalista Vasca (ANV), un partido que luchó en la Guerra Civil española, fundado en 1930. Como puede imaginarse nuestro ávido lector, tan descarado ofrecimiento incurrió en su ilegalización flagrante y sistemática. A partir de este momento empezamos a hablar de “listas contaminadas“, esto es, listados negros de gente con relación con la izquierda abertzale. Esta gente, que a priori no están condenados por ninguna sentencia judicial, son usados como “causa” de ilegalización.

Para las elecciones de este año, se presentan dos candidaturas: D3M (Demokrazia 3 Milloi), un partido de nueva creación, compuesto por listas “contaminadas” y Askatasuna, un partido fundado en 1998, que no cuenta entre sus filas con “contaminados” ni realiza ningún tipo de actividad política: no convoca ruedas de prensa, no emite comunicados, no presenta carteles electorales, no hace valoraciones… En apenas unas horas, el Tribunal Supremo confirma la ilegalización en firme y el cese de actividades de ambos partidos.

Todo esto me hace pensar que no importa el partido, sus bases, sus militantes o sus estatutos. La única coincidencia entre todos los partidos mencionados (HB, EH, Batasuna, EHAK-PCTV, AuB, SA, D3M, Askatasuna…) es el electorado al que representan. Entre todos los partidos hay listas con “históricos” de la “izquierda abertzale”, los hay sin ninguna persona “oficialmente” abertzale, los hay con estatutos parecidos a Batasuna (Askatasuna), los hay que condenan la violencia en sus estatutos (ANV, PCTV), lo hay con actividad política, los hay sin ninguna manifestación concreta…

¿Votos ilegalizados o partidos ilegalizados? Sin lugar a duda, es el voto quien propicia la ilegalización. No importa el partido, lo que importa es a quién representa: a ese 10-20% de la población vasco-navarra. Hagan lo que hagan no pueden tener representante en la instituciones, que también les pertenecen. Y es un cochino juego de palabras. A quien se ilegaliza es a los partidos, pero realmente quien queda excluído de la democracia son sus votantes: llamadlo como queráis. Yo lo llamo ilegalización de votos.

A Anasagasti le da “asco” la “democracia” española. A mí también.

A pesar de que ya ha transcurrido casi un mes y medio desde la celebración de las elecciones autonómicas en el País Vasco, el PNV demostró ayer que está lejos de asumir con un mínimo de elegancia democrática el veredicto de las urnas. La formación nacionalista desaprovechó el marco que le brindó la celebración del Aberri Eguna, el Día de la Patria, para realizar un higiénico ejercicio de autocrítica ante su militancia y encarar así, con renovadas fuerzas, el trascendental papel que deberán desempeñar como principal partido de la oposición en la Cámara de Vitoria. Lejos de ello, tanto el lendakari en funciones, Juan José Ibarretxe, como el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, centraron sus discursos en buscar la deslegitimación del futuro Gobierno liderado por el socialista Patxi López.

Por un lado, el veredicto de las urnas apunta en sentido contrario. No querer ver que más del 60% de los votos emitidos son al bloque nacionalistas es ponerse una venda en los ojos y echar a andar.

Especialmente duro se mostró Urkullu al afirmar que el Ejecutivo que recibirá el respaldo de los diputados del PSE y del PP «nace de la trampa y del engaño», altera «lo que la sociedad quiere», es «frentista, contradictorio y débil» y contradice la realidad política vasca. Con estos mimbres, los líderes nacionalistas construyeron durante sus intervenciones en el acto celebrado ayer en Bilbao uno de los ejercicios de mayor irresponsabilidad política que se recuerde en nuestra historia democrática.

Efectivamente, nace de la trampa que es aceptar una realidad adulterada por la Ley de Partidos para beneficiarse electoralmente de ello. Y por supuesto que es frentista (constitucionalistas – nacionalistas), contradictorio (PSOE – PP), débil (acuerdo bajo mínimos) y contradice la realidad política (39.36% del voto emitido, frente al 60.64%).

Además, al afirmar que la clave del cambio político en esta comunidad ha radicado en la ilegalización de la izquierda abertzale, lo que Ibarretxe y Urkullu vienen a reconocer es que su permanencia en el poder durante las últimas tres décadas sólo ha sido posible gracias al apoyo de aquellos que se han servido de las instituciones de todos los vascos para dar voz a los pistoleros de ETA.

Esto sí que es para, como se dice coloquialmente y perdonen la expresión, para mear y no echar gota. Si el PNV ha gobernado en las tres últimas décadas es gracias al apoyo mayoritario del pueblo vasco. Querer hacernos creer que el PNV gobierna gracias a ETA es grosero, inmoral y de dudosa ética.

A pesar de la gravedad de estas afirmaciones, el Aberri Eguna de ayer no hubiera pasado de ser una muestra más de la histérica pataleta que sufre el PNV como consecuencia de su varapalo electoral, si no hubiera coincidido en el tiempo con la difusión por parte de ETA de un comunicado en el que la banda señala a Patxi López y a su próximo Gobierno como objetivos prioritarios. Las graves amenazas de ETA hacia unas formaciones políticas, como el PSOE y el PP, que han sufrido de forma reiterada la sinrazón terrorista, debería ser un motivo más que suficiente que hiciera al PNV abandonar su discurso de confrontación para situarse sin reservas del lado de los demócratas. Por el contrario, el discurso que Urkullu e Ibarretxe abanderaron ayer se asemeja preocupantemente a lo que ETA reivindica en su comunicado cuando afirma que no renocerá al nuevo lendakari «ninguna legitimidad democrática».

Más de lo mismo. Propaganda Aznarista: los que no estén con los nuestros, están contra los nuestros. Así se sencillo y fácil, apto para cualquier persona que no quiera darle más vueltas al asunto. Así, luego nos comenta lo que ya veníamos intuyendo: que el discurso de Urkullu e Ibarretxe “se asemeja preocupantemente a lo que ETA reivindica en su comunicado”. Uña y carne, que le llaman. Y cuidado a todos los que critiquen la Ley de Partidos, que podrán ser tachados de “desafectos” al actual Régimen Electoral.