La última edición, un especial sobre la polémica desatada por el Ministerio de Cultura, contaba con la colaboración de especialistas en el tema como David Bravo, con el periodista Nacho Escolar (cabeza visible en la blogsfera) y con el representante por la SGAE José Miguel Fernández Sastrón. Todo ellos han sido muy correctos y claros en su exposición. No tanto así Enrique Urbizu (presidente de DAMA), que ha perdido los papeles de manera casi infantil.

El problema que se debatía es claro: hay unos contenidos generados por unos autores, y hay unos consumidores de esos contenidos que están aprovechado el nulo coste de las copias digitales. Esto provoca pérdidas importantes en el sector cultural.

La solución ya no es tan clara. Los representantes de los internautas apostaban porque el sector buscara nuevas formas de rentabilizar la comercialización de los contenidos, ya que está probadamente demostrado que, hoy por hoy, es muy difícil mantener una industria en estas condiciones.

Por el otro lado, los representantes de los autores no tenían muy claro hacia dónde debían dirigirse. Atendiendo a las intervenciones de Urbizu, la solución pasaba por impedir las descargas ilegales mediante el control policial, haciendo un símil con la pornografía infantil: si alguien consume o comparte pornografía infantil, la Guardia Civil se personará en su casa para detenerle.

Y esta postura, por radical que parezca, es la postura que mantienen la mayoría de los autores. Contra el crimen, el castigo.

Sin embargo, hay varios detalles muy importantes que no están teniendo en cuenta, y que resultan de vital importancia para entender cómo afrontar este problema.

Las descargas en internet son legales. Hoy por hoy, es perfectamente legal descargar canciones de internet sin pagar por ello, siempre que no haya ánimo de lucro. Ya ha habido suficientes sentencias en este sentido como para que los autores cambien su discurso. Incluso se han convocado actos público de descarga de canciones, avisando a las autoridades pertinentes, para demostrar públicamente que los usuarios no incurren en ningún delito.

Habría que cambiar las leyes para convertir las descargas en ilegales. Pero hay un problema: no está claro que los ciudadanos estén por la labor de ceder a las exigencias de los distintos colectivos de autores, máxime con la mala fama que se están creando por cuestiones como ésta.

Las descargas en internet son imparables. No es algo que se pueda atajar mediante legislación restrictiva. Hay casos paralelos que pueden servir de símil para buscar soluciones. Por ejemplo, el aborto es el gran fracaso social del siglo XXI. Sin embargo no podemos dar la espalda a la realidad y debemos aceptar que existe, que ha existido y que seguirá existiendo, al margen o dentro de la ley. Es por ello que hay que regularlo, por la seguridad de las mujeres y la salud pública. Otro ejemplo, que sigue siendo la patata caliente de todos los gobiernos de la Historia en medio mundo, es la prostitución. La prostitución ha existido siempre y seguirá existiendo. Es otra realidad que debemos aceptar.

Siempre que no vaya contra los Derechos Humanos, debemos intentar adaptar la legislación a la realidad, o de lo contrario empezaremos a parecernos a una Iglesia siempre de espaldas al mundo real, con un pontífice que desaconseja el uso de los preservativos y en su lugar propone la abstención como alternativa.

En el terreno de internet, los usuarios son tecnológicamente muy superiores a las autoridades. Es por ello que no puede haber un control eficaz sobre los contenidos, las descargas o los intercambios. Los cifrados de datos, los proxies, la redes privadas virtuales, los túneles, la encriptación de las comunicaciones… son algunas de las técnicas y herramientas que utilizan (utilizamos) los internautas para proteger nuestra privacidad y anonimato en internet. Prácticamente todos los sistemas de seguridad hasta la fecha (¿he oído 09-f9-11-02-9d-74-e3-5b-d8-41-56-c5-63-56-88-c0?) han sido reventados por la comunidad en internet en cuestión de días. ¿Por qué empezar una lucha que está perdida de antemano?

La solución no está nada clara. Pero desde luego dudaría mucho que pasara por mantener modelos de negocio a golpe de legislación. Ya es hora de que los autores saquen la cabeza de su agujero y empiecen a buscar alternativas.

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.

Nos cuenta Público lo siguiente:

The Pirate Bay no sólo es conocida por el número de usuarios que utilizan sus servicios sino también por las airadas respuestas que ofrecen a las discógraficas y productoras que les envían mensajes para que cesen su actividad. Orgullosos de su actividad (“somos los mayores distribuidores de cultura del mundo”, afirmaban en una rueda de prensa previa al juicio), los acusados se han mostrado seguros de que no son culpables de ningún delito. “Ya han tratado de cerrar el sitio una vez y han fracasado. Dejémosles volver a fracasar”, ha destacado uno de los fundadores del buscador.

La acusación que representa a la industria de contenidos sostiene que TPB provoca un daño constante para los creadores, y que llega a enlazar películas incluso antes de su estreno oficial. Además, se acusa a los creadores de este buscador de ingresar más de tres millones de euros al año por publicidad, “a pesar de que afirman estar interesados únicamente en la difusión de la cultura gratis”, ha precisado el presidente de la IFPI.

En el juicio, que ya ha sido catalogado como “la historia interminable”, los acusados defenderán que ellos sólo ofrecen un servicio y que si éste es legal o ilegal depende del uso que se le dé. En España, por ejemplo, la descarga de archivos es legal si no existe ánimo de lucro.

Me gustaría destacar los porcentajes de uso que tiene The Pirate Bay, indicados abajo.

1. China, 1.300 millones de habitantes. 32,34%
2. EEUU. 300 millones de habitantes, 7,93%
3. España. 46 millones de habitantes, 7.72%

Cuando España se pone, no hay quien le gane a descargar, pese a tener uno de los servicios de Internet más deplorables de Europa a precio de infarto.