Cuenta el ex-presidente de la Junta de Extremadura lo siguiente:

“Eran otros tiempos. Entonces la gente hablaba y decía lo que pensaba en el Comité Federal, porque los representantes territoriales eran elegidos por sus bases, mientras que ahora son delegados del partido que deben su cargo al secretario general; todo se dirige desde Madrid”, asegura Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Al antiguo líder extremeño le preocupa que en las altas instancias del partido se instale el silencio, el hábito acomodaticio de no discutir, no debatir, no llevar la contraria al jefe por aquello de no arruinar las opciones a un buen cargo.

No es la primera vez que un antiguo dirigente político hace declaraciones comprometidas para su partido. Liberados de las disciplinas de los partidos, los otrora miembros de las distintas formaciones políticas suelen mostrar menos cautela, y consecuentemente más sinceridad, una vez cumplidas sus obligaciones. Es en estos mensajes donde podemos encontrar una refrescante honestidad que proporciona puntos de vista menos sumisos a la imagen de partido.

El continuo empobrecimiento de la política en España es un hecho constatable, expresado en su máximo exponente en la carrera a la baja entre Zapatero y Rajoy de cara a las elecciones de 2012, donde alcanzará La Moncloa el candidato menos paupérrimo. Por un lado tenemos a un Zapatero ineficaz, torpe y bisoño que está demostrando una incapacidad manifiesta para dirigir la economía. Por el otro, tenemos a un Rajoy que es incapaz de ejercer la autoridad dentro de su propio partido, lleno de escándalos de corrupción, y obsesionado con alcanzar la presidencia aunque para ello hubiera que hundir su propio país.

El funcionamiento interno de los partidos políticos es una de las causas más acuciantes de esta crisis política que se vive en España. La centralización del poder dentro de los mismos es cada vez más evidente, dejando cada vez menos espacio a la crítica interna y al debate. Así, las ideas y la línea de actuación del partido es cada vez más personalista, dirigida por los comités ejecutivos centrales, dejando al resto de miembros de partido como simples palmeros de sus superiores. Y el que no esté dispuesto a aplaudir, jamás podrá subir escalones.

Según cuenta Rodríguez Ibarra, el PSOE fucionaba de manera muy distinta no hace muchos años. Cada organización territorial del partido era independiente, dirigida por los miembros de cada una de estas denominaciones autonómicas. Y de entre todas estas organizaciones independientes, salía elegido un comité federal (de ahí su nombre) que dirigía el aparato del partido. Así nacieron los famosos “barones“, político de gran influencia que actuaban con casi total libertad de movimiento dado que estaban apuntalados por sus propias bases. Ejemplos claros de estos “barones” los podemos encotrar en Manuel Cháves y su hegemonía andaluza, José Bono en Castilla o el propio Juan Carlos Rodríguez Ibarra en Extremadura.

A día de hoy, la férrea disciplina de los partidos impide las voces disonantes, y se antepone el cierre de filas frente al sano debate interno. Los distinos partidos periféricos del PSOE se han convertido en simples títeres que se mueven según marca el ritmo el comité federal, en lugar de ser completamente al revés. En vez de tener 17 partidos que se organizan, discuten y votan para alcanzar posiciones comunes, el PSOE tiene un aparato de partido que se encarga de pensar por todos y se dedica a disponer sus piezas según convenga en las distintas Autonomías.

También el PP es partidario de este funcionamiento antidemocrático de gobierno interno, donde el dedazo de Aznar designó, como Moisés bajando del monte Sinaí con las tablas de Dios y entregándolas a sus súbditos, a quien debía sucederle al frente del partido y del Gobierno. De esta forma, el resto de afiliados y miembros de Partido Popular no pudieron sino aplaudir y vitorear al nuevo líder de forma unánime en el XIV Congreso del PP en 2003.

¿Es sano este funcionamiento interno? Desde luego que no. Los partidos democráticos deberían ser los primeros en predicar con el ejemplo, y dejar que sean sus miembros y afiliados quienes tomen las riendas en las direcciones de los mismos. Las estructuras cada vez más piramidales, donde el poder se ejerce desde arriba para abajo, favorece que los partidos sean cada vez más homogéneos, más acríticos y más propensos a premiar el amiguismo por encima de la capacidad de sus miembros.

Otro ejemplo muy esclarecedor de la perversidad de esta política la tenemos en la bochornosa disciplina de voto, tanto en el Congreso como en el Senado, donde los miembros se deben ya no a sus ciudadanos, sino a sus superiores dentro de sus partidos. El debate ha dejado de ser útil, ya que las posiciones está prefijadas con anterioridad por los comités de dirección. Estados Unidos puede darnos una lección de democracia, dejando que los miembros de su cámara de representantes voten con entera libertad, donde los debates realmente sirven para convencer unos a otros, y donde cada votación es imprevisible, pudiendo aprobarse o rechazarse mociones si así lo decide la mayoría, independientemente del criterio del Partido Republicano o del Partido Demócrata.

Es necesario que se empiece a regenerar la actual clase política, pero desde luego no podemos pensar en que las generaciones venideras van a cambiar los actuales vicios del funcionamiento interno de los partidos si  han tenido que ascender a través de este sistema. Un sistema que se ha ido pervirtiendo poco a poco desde que Alfoso Guerra pronunciara aquella frase (“El que se mueve no sale en la foto”) que hoy se ha convertido en santo y seña de este tiempo político.

Con el advenimiento de los cambios económicos, políticos y sociales durante el siglo XIX, había surgido una nueva clase burguesa que era quien tenía acceso a los medios económicos necesarios para poseer los medios de producción. Esta posición de superioridad propiciaba el abuso de la burguesía sobre los trabajadores asalariados quienes se veían forzado a soportarlo dada la necesidad de lo medios económicos para mantener a la familia.

Es entonces, a las poca décadas de empezar a sufrir este abuso sin medida, cuando los primeros pensadores empiezan a agitar a las masas populares para que se den cuenta de la situación que viven: trabajando por un salario mínimo, en unas condiciones deplorables y sufriendo las miserias de una vida entregada a que su “dueño” continúe ganando beneficios a costa de pagar lo mínimo posible al trabajador.

Es en este momento de la historia cuando los trabajadores adquieren conciencia de clase: la mayoría entiende por fin que todos ellos pertenecen a una misma clase social, con idénticos intereses comunes, y que en su unidad reside su fuerza. Aparecen los primeros sindicatos y comienzas las primeras luchas. No tardan en darse las primeras huelgas, convertidas en auténticas revoluciones, que aterrorizan a una burguesía acostumbrada a abusar y explotar con total impunidad a unos trabajadores necesitados.

Entre el final del siglo XIX y la llegada del siglo XX se empiezan a conseguir los primeros derechos laborales. Las revoluciones de Chicago traerían un éxito sin precedentes: la jornada laboral de 8 horas, que venía a sustituir a las jornadas de sol a sol. A ésto le seguirían el establecimiento de un calendario anual, la negociación colectiva de los convenios laborales o los establecimientos de salarios mínimos. También el derecho legal a la huelga (¡!), la cobertura sanitaria o las vacaciones remuneradas.

Uno de los logros que se pueden achacar a las instituciones capitalistas es la atomización de la clase obrera. Los tiempos han cambiado, muchos de los trabajos que hoy se ejercen tienen poco o nada que ver con las rudimentarias fábricas de principios del siglo pasado, pero la situación es básicamente la misma. Sigue habiendo personas con acceso al capital para mantener su posición de dominación, y sigue habiendo trabajadores que cobran un salario mínimo por realizar el trabajo que permite a los primeros seguir poseyendo el capital.

Sin embargo la perspectiva a cambiado. El American Way of Life ha sido una estrategia estudiada, planificada y puesta en marcha con el fin de sustituir lo que durante siglos ha sido el caramelo del pueblo: la religión. La tierra prometida que hace que tengamos la sensación de tenemos mucho que perder. Han cambiado nuestros deseos; ya no queremos mejorar nuestras condiciones actuales, sino escapar de ellas. Ya no luchamos por cambiar las cosas, por mejorarlas, sino que luchamos egoístamente por subir escalafones con el fin de dejar atrás nuestra actual situación y que sea otro, el de detrás, el que arree.

Si llegamos a un puesto de trabajo con unas condiciones deplorables ya no luchamos por cambiar esas condiciones, sino que todos nuestros esfuerzos se dedican a salir de allí, dejando ese puesto de trabajo para las personas que no pueden permitirse el lujo de rechazarlo. Así, hemos convertidos miles de puestos de trabajo en Mc. Puestos de trabajo. Las clases más bajas seguirán copando los puestos que los que tenemos más posibilidades hemos dejado atrás.

Esta pérdida de conciencia empieza a dar las primeras muestras. Muchas personas, trabajadores, se han alegrado por el anuncio del recorte de los salarios de los funcionarios públicos. Incluso han aplaudido al Gobierno por hacerlo. Los trabajadores, ciegos de envidia por unas condiciones laborales superiores, se alegran de que les caigan los palos a los que consideran que se lo merecen, sin pararnos a pensar si quiera un segundo en que pertenecemos a la misma clase, tenemos los mismos intereses y deberíamos remar en la misma dirección.

La dirección en que nos dirigimos invita a pensar que durante las próximas décadas perderemos las conquistas que consiguieron con sangre y sudor nuestros padres y abuelos. Por ello es necesario volver a adquirir la conciencia de lo que somos: trabajadores. Sólo desde la perspectiva de unidad, solidaridad y lucha por nuestros intereses podemos cambiar el rumbo que, a golpe de crisis, nos están haciendo tomar.

En verde, quienes mayoritariamente optan por conservar su derecho a voto. En rojo quienes se decantan por sacrificar el derecho a voto siempre y cuando se siga manteniendo su derecho a poseer armas de fuego. Dado que nada es blanco ni negro (ni rojo ni verde, en este caso), el gráfico refleja perfectamente los matices de la población dentro de los diferentes Estados dentro de la unión.

Llegados a este punto, siempre me ronda la misma pregunta por la cabeza, ¿hasta qué punto se puede dejar que la toma de decisiones recaiga sobre las masas populares? Es una pregunta ciertamente incómoda.

Partimos de la base de que el poder supremo emana del pueblo. El pueblo es quien otorga, democracia mediante, el poder a un reducido grupo de ciudadanos para que se encarguen de la organización y la gestión del Estado. Sin embargo, una vez elegidos los representantes, pocas veces son las que el pueblo se pronuncia sobre las decisiones tomadas por sus gobernantes. En España, su aprobación se pide en contadísimas ocasiones, casi siempre limitadas a asuntos de auténtica trascendencia.

En 2008, California (EEUU) acudía a las urnas. Una de las proposiciones que se votaban era la llamada “Proposición 8“, mediante la cual los grupos anti-derechos de los homosexuales querían enmendar la Constitución para ilegalizar el matrimonio homosexual. Tras una agresiva campaña, y por escaso margen, ganó el “sí” a prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué legitimidad tiene un ciudadano ignorante o escasamente informado sobre un determinado tema para decidir en asuntos que afectan a terceras personas?

En España, y no es el único sítio, existe un mal endémico: la facilidad con la que se manipula a las grandes masas. Los medios de comunicación se aprovechan de la maleabilidad de la opinión pública para marcar la agenda política. Es fácil magnificar ciertos problemas, o minimizar otros; asignar una importancia desmedida a cuestiones intrascendentes que, sin embargo, hacen que se modifiquen leyes o se tomen medidas innecesarias gracias a la alarma social creada interesadamente.

Visto así podemos concluir que darle poder en la toma de decisiones al pueblo es dárselo en gran medida a los medios de comunicación, siempre a sueldo de determinados grupos políticos, polarizados alrededor de los dos partidos mayoritarios.

Visto esto, ¿hasta qué punto se debe quitar poder de decisión al pueblo para protegerlo de él mismo? ¿dónde está la estrecha línea que separa esto de una dictadura? Es muy difícil de separar, y todavía con más razón viendo gráficos como el que encabeza este artículo.

Esto daría para pensar muchas cosas, pero sin embargo, lo que más me llama la atención, es el grado de exaltación y violencia que ha alcanzado su discurso catastrofista y apocalíptico. Sé que tienen que hacer justicia a su nombre, “conservadores”, y oponerse a cualquier cambio que pueda producirse, pero tengo la sospecha de que sus intenciones van mucho más allá del simpre conservadurismo recalcitrante.

Lo primero que habríamos de pensar es en la necesidad ineludible que tiene cualquier país por poseer un sistema de atención médica a sus ciudadanos. Que este sistema funcione de una manera u otra depende del gobierno de turno, elegido democráticamente por sus ciudadanos. En EEUU, la asistencia médica es casi completamente privada. Recae sobre las aseguradoras y otras empresas especializadas en la atención médica.

Conviene recordar que una empresa privada en un sistema de mercado sólo tiene una misión fundacional: ganar dinero. La maximización de beneficios es la Biblia de la economía capitalista que actualmente rige la mayor parte del planeta. Así pues, cualquier acción, política o estrategia a largo o corto plazo que emprenda una empresa privada será en pos de generar los máximos beneficios posibles. Por ejemplo, verter residuos tóxicos a los ríos no es éticamente aceptable, sin embargo cientos de empresa en España hacen cuentas para  comprobar que les sale más rentable pagar las multas medioambientales que montar un sistema de gestión de sus residuos. ¿El resultado? El esperado: la ética no es económicamente contable, por lo que no tiene el menor peso en la toma de decisiones empresariales.

Una aseguradora también tiene un objetivo único: generar los máximos ingresos posibles. La atención que brinda a sus asegurados se ve supeditada a la forma en que genere el mayor beneficio posible. Si una aseguradora da un buen trato a sus clientes no es por filantropía o por sentido de la honradez, sino porque así maximizará su ingresos. En caso de que hubiera una forma distinta de aumentar estos beneficios, el buen o el mal trato otorgados a sus pacientes comenzaría a ser un objetivo secundario.

El caso de la Comunidad de Madrid es muy ilustrativo. Esperanza Aguirre, como gran liberal que se precia de serlo, emprendió una campaña de privatización paulatina de la Sanidad madrileña, pasándose de momento al temible “modelo mixto”. La Comunidad de Madrid “contrata” a un hospital privado que se encarga de atender a un número determinado de ciudadanos a cambio de un precio cerrado por persona y año. Pensemos que paga aproximadamente 300 euros al año por cada uno de los 300.000 pacientes adscritos a ese centro sanitario. La diferencia entre los recursos empleados y lo ingresado por los pagos de la Comunidad de Madrid es el beneficio que obtiene ese hospital. Dado que ese hospital ha sido edificado, financiado y manejado por un capital privado, sus accionistas (o dirigentes) lo que quieren es ver rentabilizada al máximo su inversión. Las consecuencias son las esperadas: reducción de las plantillas al mínimo posible, atención lo más breve posible en las consultas, elección de los procesos más baratos en lugar de los más apropiados, hacinamiento de los pacientes para mantener su productividad, recortes de recursos y gastos en su máximo exponente…

Con todo esto quiero decir una cosa: es un error de planteamiento muy grave el dejar la Sanidad en manos de empresas privadas, dejando que sea la codicia en vez de la buena voluntad quien provea la atención sanitaria a los ciudadanos.

EEUU no ha podido resistirse a dejar sin tocar ese trozo de pastel que era el sanitario, un sector de mercado demasiado explotable económicamente como para que se quedara sin aprovechar por la economía norteamericana, pese a que esto fuera claramente contra los intereses del pueblo y dejara miles de vidas por el camino. Gracias a esta supeditación de la vida humana al todopoderoso dólar, cada año mueren miles de ciudadanos norteamericanos a causa de enfermedades completamente evitables, a causa de negar tratamientos que podían salvar la vida de muchas personas por no ser económicamente rentables, y a causa de privar de pólizas a ciudadanos con enfermedades crónicas o “potenciales” enfermos que no pueden soportar las enormes cantidades de dinero que se les exige dado su factor de riesgo.

Además, el 60% de las bancarrotas en EEUU provienen de personas que no pueden afrontar los pagos de sus facturas médicas.

Hay un modelo completamente opuesto y probadamente funcional en Europa: la sanidad pública. Una sanidad a cargo del Estado que se encarga de proporcionar toda la atención médica posible a todos sus ciudadanos sin excepción. Este modelo de sanidad no duda en emplear los métodos más apropiados en cada caso, sin importar los costes o la rentabilidad de los mismos, simplemente guiándose por un único objetivo prioritario: ofrecer la mejor asistencia posible a sus ciudadanos. No hay maximización de los beneficios, no hay balances anuales, no hay “malos clientes” ni “buenos clientes”… hay salud universal, por todos y para todos.

Los opositores al sistema de sanidad universal en EEUU sólo se mueven por una cosa: el egoísmo. La ley del salvaje oeste aplicada a los modernos tiempos capitalistas, donde no hay revólveres sino billeteras, donde en teoría cualquiera puede cumplir el sueño americano pero sin embargo son miles los que se agolpan en contenedores y callejones, donde la avaricia de unos pocos embarga los destinos de la inmensa mayoría.

El camino no es fácil, pero merece la pena.

Hoy ha anunciado varias medidas, para intentar divulgar por la vía oficial las propias visiones nacionalistas de cómo ser un buen ciudadano francés y qué se debe hacer para así acreditarlo.

Para empezar, ¿cuáles son las esencias de ser un buen francés? Esto es algo que un grupo de “sabios” e “historiadores” (sic) lleva meses discutiendo, con la inestimable participación ciudadana a través de internet. Nietzche estaría orgulloso de que sus teorías del “superhombre” sigan marcando, aunque sea de forma gaulleana, los verdaderos valores de los hombres. Por si todo esto ya suena de por sí poco estrafalario, añadan un contrato sobre francesidad en el cóctel para ver hasta dónde llega la falta total de seriedad de todo el asunto.

Porque esto nos lleva a otro de los puntos calientes en Francia: la inmigración. Los inmigrantes van a verse obligados a firmar un contrato donde se comprometan a respetar las leyes, a integrase y a asimilar las costumbres francesas, entre otros no menos variopintos requisitos.

¿Esto significa que yo, ciudadano francés que no ha firmado el contrato, no tengo obligación de cumplir las leyes, aun siendo estas de obligado cumplimiento? ¿Qué sentido tiene un contrato que ate a ello? ¿Por qué sólo lo tienen que firmar los inmigrantes, y no, por ejemplo, los franceses al alcanzar una edad, digamos, razonable?

Por el respeto y la asimilación de las costumbre e identidad nacional francesa entiendo que los inmigrantes se comprometan a que les guste el vino, que brinden siempre con champán (Dom Pérignon, bien sûr) y que apoyen al equipo nacional francés en el Seis Naciones.

Esto es, en vez de enriquecerse con el crisol de culturas que presentan las personas, en vez de intentar facilitar una convivencia armónica basada en el respeto y la diversidad, el Gobierno de Sarkozy pretende dividir a los ciudadanos en dos: los que sacan a relucir el orgullo patrio con su nuevo y flamante “Carnet Ciudadano”, con el que piensa motivar a los jóvenes a ser más papistas que el Papa, y los que no se “integran”, eufemismo para decir que no “claudican” ante la supremacía, a partir de ahora oficial, de la cultura francesa.

Los jóvenes parecen ser el objetivo prioritario de la transmisión forzosa y oficial de ese chovinismo anacrónico que apesta a rancio. Desde poner la bandera en todos los institutos hasta cantar una vez por año “La Marsellesa”. Por si algo se lo está preguntando, sí, seguimos en 2010, no hemos retrocedido en el tiempo hasta los años 50. Aunque lo parezca.

Las apuestas empiezan a sonar ahora para ver quién acierta en cuánto tardan los aspirantes a chovinistas españoles en aplaudir y empezar a pedir un modelo semejante en España. Hace unos años Mariano Rajoy presentó como una de sus principales bazas electorales la idea del “contrato” para los inmigrantes (una idea esencialmente discriminante, vestida de legalidad) inspirado en la declaración de intenciones anterior del propio Sarkozy.

¿Por qué no se preocupan tanto de que los inmigrantes puedan acceder a los bienes y sevicios del Estado en igualdad de condiciones que los nacionales? ¿Porqué no se lucha tan activamente en contra de la discriminación laboral? ¿Dónde está el Gobierno de Sarkozy cuando se forman guetos de inmigrantes sin recursos viviendo casi en la miseria alrededor de París?

Liberté, égalité, fraternité suena muy bien. Pero eso sí, en francés.

Sin embargo hay un aspecto no tan cuidado como el resto: el guión. Y no quiero que se lleven mis palabras a malinterpretaciones: las matizaciones sobre las que quiero incidir no tienen nada que ver con el plano artístico del mismo. Simplemente quiero apuntalar algunos hecho narrados por los guionistas que, como vertebradores de una película, no están obligados, ni mucho menos, a desarrollar o ajustar fielmente a la realidad, pero que cojean ligeramente.

(Aviso a lectores, aquí se van a exponer ciertos aspectos de “Celda 211″ que, sin ser determinantes en el desenlace, sí que pueden desvelar parte de la trama)

¡Los sempiternos presos de ETA! Ciertamente creo que es un acierto incluirles para darle realismo y veracidad a una película ambientada en una cárcel de Zamora. Sin embargo creo que los guionistas han visto demasiadas veces las películas anglo-irlandesas de temática carcelaria (especialmente, “En el nombre del padre” y “En el nombre del hijo”, curiosa traducción esta última). Pese a su situación de “excepcionalidad” (desfavorable, principalmente), el papel que juegan dentro del motín es estrafalario. El Gobierno, presentado como un ente frío y burocrático, parece preso del destino de los “amigos del norte” (estos representados, defendidos y mediados, por supuesto, por el Gobierno vasco) por motivos que se escapan a las explicaciones mostradas en pantalla. ¿Es esto una crítica encubierta o una artimaña artística poco afortunada? Sea como sea, el espectador acaba empatizando con esos criminales comunes españoles por contraposición con el sibilino tinglado guberno-etarra-vasco.

Por otro lado, la máxima a la que aspiran los reclusos amotinados es a abolir el régimen FIES. ¡El régimen FIES! ¿De qué brillante mente ha salida la idea de unos presos que se amotinan y secuestran a otros presos para exigir la abolición de un régimen carcelario que se creó a finales de los años 80 principalemente para estos segundos? De cualquier manera, todo lo malo se extiende y a día de hoy los presos FIES no se limitan a los condenados por delitos de terrorismo.

Y esta es otra denuncia en la que no se atreve a entrar el director Daniel Monzón, donde se podía haber recreado un poco más: la situación real de este régimen especial. No ha querido entrar en polémicas, y no tiene ninguna obligación de hacerlo, pero sería de justicia arrojar algo de luz sobre un elemento determinante en la trama.

La situación de los presos FIES debería se considerada casi de situación extralegal. Si no fuera por la asombrosa capacidad de la Justicia española de juzgarse, absolverse y justificarse, este régimen hace tiempo que hubiera estado más regulado, controlado y hecho transparente. Al borde de la inconstitucionalidad, los presos dentro de este régimen tiene ciertos derechos (humanos y constitucionales) conculcados. Citando a la Wikipedia:

Observación y anotación diaria por parte de los funcionarios del módulo de todas las actividades que realiza el Interno (compañeros, paseos, lecturas, destino, etc.)

Las propuestas de licenciamento (cumplimiento) de condena, y de conclusión del expediente de libertad condicional. Es decir, las propuestas para finalizar la relación con la institución penitenciaria y con la sentencia judicial condenatoria.

Las excarcelaciones, bien sea por traslado a otra prisión o por traslado a un hospital.

Los ingresos producidos por traslado, sea éste en tránsito hacia otra prisión o definitivo en el mismo Centro Penitenciario.

Toda modificación de las situaciones procesales, penales o penitenciarias.

Los acuerdos que sobre el recluso hayan tomado los órganos colegiados, y las decisiones de los órganos unipersonales. Es decir, lo relativo a las sanciones y su cancelación, los destinos dentro de prisión, los méritos y recompensas, las intervenciones de las comunicaciones (orales, escritas o telefónicas), las clasificaciones, y las sanciones consistentes en una estancia en régimen cerrado.

Las comunicaciones con los abogados, y los nombres de éstos.

Cualquier incidente en el régimen penitenciario, o la sospecha de que pueda producirse.

La participación en actividades programadas por el Centro Penitenciario.

Las solicitudes de permisos de salida, antes de que sean estudiadas por el Equipo Técnico. Se ha de indicar el domicilio en el que se residiría en caso de obtener el permiso de salida.

Resoluciones del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria por quejas, siempre que éstas puedan afectar al régimen penitenciario.

Cualquier otra información.

Periódicos cambios de celda.

Inspecciones oculares periódicas para los clasificados en primer grado o en aislamiento (cada menos de una hora por las noches).

Requisamiento cada dos semanas de todas las dependencias de la prisión, y diaria y selectivamente, la de espacios ocupados o transitables por estos reclusos.

Intervención motivada de revistas, libros, periódicos… cuando carezcan de depósito legal, o bien sean considerados por la Dirección del Centro Penitenciario como atentatorios contra la seguridad del establecimiento. Los originales intervenidos serán enviados a la Coordinación de Seguridad, especificando remitente, destinatario, título de la obra, autor y editorial.

Intervención motivada de las comunicaciones orales (se realiza grabación en cualquier soporte de la conversación, especificando fecha, nombres y apellidos de los comunicantes, su DNI el parentesco), que serán remitidas al día siguiente de su grabación. Mensualmente se envía a la Coordinación de Seguridad el desglose mensual de comunicaciones orales intervenidas, con las especificaciones anteriores (fecha, nombres, DNI, parentesco).

Intervención de las comunicaciones escritas (se realiza una fotocopia de los escritos, junto a fotocopia del anverso y reverso del sobre, es decir, obtener identificación del destinatario de cada escrito), que serán remitidas mensualmente a la Coordinación de Seguridad.

Se ha de solicitar autorización a la Dirección del centro penitenciario en caso de requerir una consulta médica en el exterior. Si la consulta va a ser en el interior de la prisión, se exigen los nombres de los facultativos que van a asistir.

Normas específicas de control en los traslados.

Cambio constante de centro penitenciario, sin tener en cuenta la vinculación familiar del Preso a una ciudad determinada.

Al interno no se le aplicará la Libertad Condicional a las 2/3 partes de la condena como correspondería por su buen comportamiento y la ausencia de partes, sino a las 3/4 partes de la condena.

Registros frecuentes de su celda.

Imposibilidad de compartir celda con otros presos.

Prohibición de participar en algún tipo de trabajo, taller o curso.

Prohibición de tener más de dos libros y más de dos prendas de vestir. En algunos centros, se les da una única prenda.

A aquellos a los que se les aplica el Régimen cerrado, deben alimentarse dentro de la celda y sólo pueden salir al patio dos horas al día.

En algunos casos, la celda del preso no tiene muebles ni espejos.

Informes diarios de los Jefes de Servicio acerca de los cacheos realizados, la actitud ante ellos, las relaciones con otros internos.

“Celda 211″ hace un acercamiento a esta problemática dentro de las cárceles españolas, pero se queda en el intento de transmitir a los espectadores todo el fantasmagórico elenco de desfalcos que se esconden de muros adentro. Tal vez no sea su cometido, pero tampoco hubiera estado de más.

Es necesario remarcar, primeramente, que la iniciativa ciudadana que mañana se vota no se decide entre prohibir las corridas de toros o no, sino entre si el Parlament debe debatirlo o no. Cortar el debate de raíz me parece una práctica bastante poco razonable, sobre todo teniendo en cuenta que si no se debate ya hay una opción ganadora: la de seguir con la práctica en cuestión.

Muchos de los (mal) llamados taurinos están muy nerviosos. En situaciones normales no entendería el porqué, dado que si alguien es partidario de una opción es de suponer que tendrá un razonamiento y unos argumentos sobre los que mantiene su postura. Sin embargo esto es suponer demasiado. Creo que el debate se antoja muy desequilibrado, sobre todo teniendo en cuenta los concienzudos, elaborados y razonables argumentos que nos ofrecen el sector pro-taurino.

La única baza que les queda para defender su tradición es la perversión del lenguaje. Convertir el debate en un tosco juego de palabras, donde la épica rimbombante se sobreponga a la razón. La “dignidad del toro”, el “arte del toreo”, la “tradición centenaria”, la “bravura de los astados”, la “lucha a iguales”… y toda un serie de tópicos, tan rancios como asentados dentro de este curioso mundo paralelo a la realidad.

La clave del debate es el respeto. Y lo que debatimos es quién tiene que respetar a quién. ¿Debemos respetar la libertad de un colectivos de personas para torturar pública, deshumanizada y cruelmente a los toros, y para su posterior ejecución bárbara para regocijo y gloria del ego del torero de turno?

Nadie pone en cuestión que deba haber leyes de protección de animales. Sin embargo el colectivo pro-taurino se echa las manos a la cabeza cuando ve que esas leyes pueden afectar a sus intereses (afición por la tradición para los más inocentes, negocio mafioso y opaco para los más afectados) y pretenden que la ley bordee sibilinamente los derechos de los toros. ¿Las peleas de perros son inhumanas pero la tauromaquia no? La coherencia, ese gran daño colateral de la guerra entre intereses y valores.

Además hay otro factor, al margen de arte y tradición, que juega un papel muy importante dentro de la presión mediática que se va a desatar a partir de ahora: el componente Nacional. Dentro de esa patria imaginaria, donde todos los españoles están orgullosos de pertenecer a la rojigualda (¡qué sabrá Cela sobre colores!), existe ese punto de unión “cultural” en torno a la Fiesta Nacional, punta de lanza del carácter español. El toro de Osborne tiene, no podemos negarlo, un punto político demasiado marcado.

Sin embargo no debemos hacerle ese favor a los taurinos: esto no es un debate entre nacionalismos. Ni entre izquierda y derecha. Ni tan siquiera entre fachas y progres. Es un debate entre personas civilizadas y bárbaros que se amparan en la tradición. Entre el sentido común y entre irracionalidad.

Algunas voces reclaman que no se puede prohibir a base de legislación una fiesta que debería caer por su propio peso. Pero lo que no dicen es que este debate se ha iniciado debido a una iniciativa popular que ha presentado más de 180.000 firmas, cuando sólo necesitaban 50.000. Y que ahora son los representantes de toda la ciudadanía quienes van a defender sus posiciones.

El único debate que hace daño es el que no se hace.

PS. Y si toda la argumentación pro-taurina falla, siempre podemos echar mano del comodín de los think-tank de la derecha: “Estamos ante la posible inauguración de una peligrosísima deriva hacia el pensamiento único. Hoy son los toros, y mañana, ¿qué pretenderemos prohibir?”. De verdad, piénselo dos veces.

Porque se admite que el sistema judicial es perfecto.
Sólo desde el ideal de que el sistema judicial y penal no tiene imperfecciones ni comete errores se puede apoyar castigos irreversibles. La aplicación de la pena capital es definitivo, irremediable e irreparable. En la práctica está sobradamente demostrado que el hombre no es perfecto y que, consecuentemente, los sistemas que diseña y aplica tampoco lo son. Así pues, no debería permitirse que haya ejecuciones sobre un sistema judicial que no ofrece una garantía total sobre los juicios emitidos. Algo que en la práctica es imposible.

Porque nadie tiene autoridad para llevar a cabo una ejecución.
Aparte de la ironía que desprende el que un crimen se castigue con otro crimen, ninguna persona ostenta la autoridad necesaria de quitar la vida a otra persona. Las sociedades que permiten el uso de la pena de muerte crean una autoridad invisible e intangible, la “sociedad” o “Estado”: la unión de todos. Pero, ¿desde qué punto de vista la unión de muchas personas sin legitimidad de matar es legítima para matar? Sólo desde la impersonificación de ese juez y verdugo (“somos todos”) se puede llevar a cabo sin remordimientos.

Porque el sistema judicial no debe ser nunca vengativo.
Si algo hemos aprendido a través de la Historia (o deberíamos haber aprendido) es que la venganza es una deformación de la justicia. Es un sentimiento de búsqueda de la Justicia Divina que se pierde en el camino y que no suele llevar a nada bueno. Es por eso que no se puede dar voz a los agredidos en los castigos de los agresores. Los castigos que imponemos deberían ser imparciales, reflexivos, razonados, razonables y orientados a un fin concreto: la reinserción del preso en la sociedad. Si esto no fuera posible, se buscaría vías para proteger a la sociedad de estas personas, pero nunca a través de la ejecución.

Es más que probable que ya se hayan repetido mil veces, con otras palabras y otras firmas, pero no está mal de vez en cuando hacer un repaso de por qué creemos en lo que creemos.

Más información sobre la pena de muerte en la Wikipedia.

La derecha mediática lleva hoy a portada las imágenes que venden como trofeos de su supuesta victoria ideológica. Quieren mostrar la foto de la caída del muro de Berlín como la representación gráfica de la derrota de la Unión Soviética y de todo el ideario comunista y socialista.

Sin embargos la derecha mediática aplica una de sus técnica favoritas: el “sándwich” de verdades y mentiras, o el viejo truco de colar una mentira entre dos verdades. Como en todos estos asuntos hay un parte de verdad en todo lo que nos cuentan. La caída del telón de acero fue el símbolo del fin de la Unión Soviética tal y como la conocimos, esto es cierto. Pero desde luego no es la imagen facilona del socialismo sosteniendo el muro y el capitalismo intentando derrumbarlo. El arquetipo de película norteamericana de buenos contra malos.

El socialismo ha triunfando en cuanto hoy disponemos de un sistema de sanidad público, una educación pública de calidad al alcance de todo el mundo y  unas condiciones de trabajo medianamente dignas. Además de prestaciones sociales, sistema de pensiones, etc.

Los que se enfrentaban en Berlín no eran, desde luego, el capitalismo y el socialismo, sino la libertad contra la dictadura. La Unión Soviética, milagro de la clase trabajadora rusa encabezada por Lenin y guiada por la obra filosófica y económica de Marx y Engels (y tantos otros), se pervirtió por el camino bajo la torcida batuta de Stalin y posteriormente bajo un sistema corrupto de poder que traicionó los ideales por los que se alzó la Revolución de Octubre.

Lo que cayó en Noviembre de 1989 en Berlín fue la dictadura y lo que ganó fue la democracia. Una democracia que no siempre es perfecta, pero que desde luego es el mejor sistema de gobierno que conocemos hasta ahora. Precisamente se basa en el principio de que la soberanía reside en pueblo, en la igualdad de todos como individuos y en el reconocimiento pleno de los derechos humanos.

Y, ¿no son acaso estos los principios del socialismo?

Yo nunca reivindico mi origen porque no me gustan los nacionalismos, y me sorprende que saque el orgullo españolista a relucir, alguien que se caga en ellos. Claro que, el nacionalismo español no cuenta como tal: Es el verdadero.

Ser español exige una serie de responsabilidades que me niego a asumir. Una es la de sentirse identificado con la bandera roja y gualda, la que llevan en la muñeca todas las personas que me detestan, la que, cuando era joven, portaban como salvoconducto los que se echaban a la calle a apalear jóvenes rojos, para que la policía les protegiera si la cosa se ponía fea.

Otra, es la de dar vivas a España. Horrible costumbre que convierte a los que no participan de esa orgía reaccionaria en antiespañoles, del mismo modo que torna en antiamericanos a los que cuestionan las matanzas orquestadas por la política exterior de EEUU. El sentimiento nacionalista es aquel que lleva a un idiota a sentirse premiado cuando a alguien de su vecindad le otorgan el premio Nobel de la Física. A mí, en mayor o menor medida, también me pasa, pero lucho contra esa emoción absurda, no busco el aplauso con ella. No necesito reafirmarme en mi españolismo, me gustaría serlo menos, me conformo con respetar a mis conciudadanos aunque, viendo lo que votan, cada día me duelen más.

El Gran Wyoming, en Público